Urgente: Fiscalía de Perú abre investigación contra Dina Boluarte y gobierno, por genocidio y homicidio en protestas

Este martes 10 de enero, desde la cuenta de Twitter del Ministerio Público de Perú, que corresponde a la Fiscalía de la Nación, la entidad anunció que iniciará una investigación preliminar contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su presunta participación en los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves durante las recientes protestas.

La acusación también se extiende al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; al ministro del Interior, Víctor Rojas; al ministro de Defensa, Jorge Chávez; a Pedro Ángulo, en su condición de expresidente del Consejo de Ministros, y a César Cervantes, en su condición de exministro del Interior.

La Fiscalía apunta: “La investigación preliminar es por los presuntos delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves, cometidos durante las manifestaciones en los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023 en las regiones de Apurímac, La Libertad, Puno, Junín, Arequipa y Ayacucho”.

Primer ministro respalda uso de la fuerza

El jefe de gabinete de Perú, Alberto Otárola, habló en el Congreso este martes para pedir el voto de confianza al Parlamento, un proceso necesario al cual debe someterse para ratificar su cargo. Este es un proceso que debe llevarse a cabo máximo en 30 días después de haber juramentado el cargo.

Otálora habló del respaldo absoluto a las fuerzas policiales, a pesar de los fallecidos en medio de los actos de represión.

“Respaldamos totalmente a nuestras fuerzas policiales que están a cargo del control del orden público durante el estado de emergencia, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, y declaramos que el Gobierno sigue sólido, enfocado en su plan de acción política para pacificar el país, realizar la transferencia del poder vía elecciones generales y reactivar la economía nacional”, dijo Otárola este martes ante el parlamento.

El funcionario ratificó que el régimen de Dina Boluarte no es un régimen autoritario y que no se oponen al derecho a la protesta.

“Pero, como Estado, tenemos la obligación de salvaguardar la seguridad de la mayoría de los peruanos, actuando en consecuencia. Y lo vamos a seguir haciendo, porque unos pocos no van a colocar contra la pared a la gran mayoría nacional, y menos valiéndose de métodos violentos. Tengan la seguridad de que aplicaremos toda la fuerza de la ley para evitarlo. Este Gobierno no va a ceder al chantaje de la violencia”, indicó.

En respuesta a las palabras Otálora, varios parlamentarios gritaban pidiendo su renuncia y llevaban carteles que categorizaban al gobierno peruano actual como un “Gabinete de la muerte”, principalmente representantes del partido Perú Libre de izquierda, el mismo partido del destituido presidente Pedro Castillo, cuya intención de disolver el congreso causó su retiro del cargo y posterior transmisión del cargo a su vicepresidenta, Dina Boularte, a quien muchos copartidarios tildan de traidora, por haber aceptado su nueva función.

Violencia el pasado lunes

La violenta represión de las fuerzas del orden provocó el pasado lunes, en un solo día, un total de 14 muertos entre los manifestantes. Algunos fueron parte del grupo de manifestantes que trató de ocupar el aeropuerto de Juliaca y tres fallecieron durante un saqueo en un centro comercial, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo. Además, un policía pereció quemado al interior de su patrulla, informó la institución policial.

De acuerdo con las declaraciones del ministro Otálora a la prensa, el lunes “más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto de Juliaca y aproximadamente dos mil de estas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía y las instalaciones, utilizando armas hechizas y con doble carga de pólvora, generando una situación extrema”.

Con información de AFP