A la profesora Nayda Álvarez, el gobierno de Donald Trump le dio un plazo de cinco días para decidir si permite que un muro fronterizo atraviese su jardín. Si ella no acepta, según lo que cuenta, le expropiarían su casa en la ribera del río Grande, en Texas.
El presidente republicano ofrecerá este martes en el Congreso su discurso sobre el Estado de la Unión, en un primer año de gobierno marcado por medidas antimigrantes que han generado conmoción a nivel nacional.
En Laredo, Texas, una ciudad donde sus más de 250.000 habitantes son en su mayoría hispanos, la comunidad creció a lo largo de la orilla del río Grande, frontera natural entre ambos países.
Casas, parques, senderos para trotar o andar en bicicleta, áreas para pesca y hasta un cementerio familiar se encuentran en la ribera.
En el mes de febrero, cerca de 60 propietarios recibieron una carta del gobierno federal indicando: “Aviso de interés: Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos”.
La casa del estadounidense Antonio Rosales Jr., de 75 años, está en esa zona. “Recibimos una carta del gobierno que dice que van a derrumbar parte de mi casa y que tengo cinco días para firmar los papeles”, precisa.
El gobierno norteamericano planea construir un “muro inteligente” a lo largo de sus más de 3.000 km de frontera con México. Un tercio de esa extensión ya tenía muros antes del segundo mandato de Donald Trump.
El plan integra más muros físicos o, dependiendo del sector, barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección.
“Para lograr el control operativo de la frontera, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) debe, de conformidad con la ley, construir la infraestructura física necesaria”, detalla un portavoz de la entidad a la AFP.
Por ello, “están en proceso de contactar a los propietarios de terrenos como parte del proceso de adquisición de los terrenos necesarios para el acceso y/o la construcción del muro”.
“En el primer año del presidente Trump en el cargo, logramos la frontera más segura en la historia de Estados Unidos”, ha dicho a principios de febrero la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.
Enero fue el noveno mes consecutivo sin liberación de “inmigrantes ilegales” en su territorio, sostuvo Noem, quien recientemente publicó una foto suya firmando un contrato de compra de acero para construir el muro.
“Ese muro pasaría por mi jardín”, dice Álvarez, de 54 años, en La Rosita, una comunidad de cerca de 300 habitantes, ubicada a 140 km al sureste de Laredo.
El documento, con fecha 13 de febrero, le señala tres opciones: “Te dan mil dólares para permitir el acceso a tu propiedad y que hagan lo que tienen que hacer, te permiten negociar un contrato de compra o servidumbre con el gobierno o, si no aceptas, te expropian”, explica. Ella aún está evaluando qué hacer.
En Laredo, una organización apoya a los afectados para que se informen antes de aceptar o para defenderse. Algunos propietarios, por presión, temor o desconocimiento, han firmado, pero la mayoría se opone.
Daños en el río
El principal parque de la ciudad de Eagle Pass, 180 km al noroeste de Laredo, fue militarizado en enero de 2024. Hay boyas y se bloqueó el acceso al río, con cercas y alambres de púas. Esto fulminó el negocio de Jessie Fuentes, de 65 años, quien ofrece paseos en kayak.
La prioridad del gobierno “es solo la seguridad. No les preocupa el flujo del agua, ni dejan que los animales vengan al río a buscar agua o que la flora y la fauna prosperen. Todo está muerto detrás de mí”, dice desde una cerca que bloquea el acceso al río.
Cerca de allí, en la localidad de Quemado, la administración de Donald Trump levantó muros durante 2025. Al pie de la muralla se observan las tumbas de migrantes cuyos cadáveres fueron hallados en la zona en los últimos años; la mayoría no han podido ser identificados.
En Laredo, a lo que sí le teme Rosales Jr. es a quedarse sin casa. “Va a ser raro para nosotros irnos después de tantos años, pero el gobierno es el gobierno y puede pasar por encima”.
*Con información de AFP.