Ciudadanos de 13 países, en su mayoría africanos, deben pagar hasta 15,000 USD para solicitar una visa de EE. UU., una medida que busca reducir estancias irregulares, pero genera críticas por su alto costo.
La política de bonos visa
La política de bonos visa, una reforma migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump y ampliada recientemente, exige a ciudadanos de ciertas naciones depositar fianzas reembolsables.
Hasta 15 mil dólares deberán pagar para que se tramite una visa de no inmigrante B‑1/B‑2 (negocios o turismo) hacia Estados Unidos.
Aunque estos pagos no garantizan la emisión del visado, el monto se devuelve si el solicitante cumple con los términos del viaje (sale del país dentro de la fecha autorizada o si se deniega la visa).
La medida forma parte de un programa piloto que busca reducir las tasas de estancia irregular y fortalecer el control migratorio en Estados Unidos, según lo que ha informado Telemundo.
Inicialmente, a partir de agosto de 2025, dos países africanos fueron los primeros incluidos en esta política, debido a sus altos índices de overstays (personas que permanecen más tiempo del permitido): Malawi y Zambia.
En estos casos, los solicitantes de visas de turismo o negocios deben pagar una fianza que puede llegar a $15 000 USD antes de que su entrevista consular pueda avanzar, con opciones de montos menores.
Sin embargo, la política se ha expandido drásticamente. A partir del 1 de enero de 2026, el Departamento de Estado añadió siete países adicionales, elevando el total a 13 naciones cuyos ciudadanos enfrentan esta exigencia de bonos: Bhután, Botsuana, República Centroafricana, Guinea, Guinea‑Bisáu, Namibia y Turkmenistán, más los seis ya identificados anteriormente (incluidos Malawi y Zambia).
Con la mayoría de estos países ubicados en África, la medida ha generado preocupación internacional por su impacto en los solicitantes con recursos limitados, informa AP News.
Críticas, contexto y repercusiones de la medida
La introducción de bonos de visa no está exenta de controversia.
Expertos en migración y defensores de derechos humanos han calificado la política como una barrera económica significativa para solicitantes de países en desarrollo.
Aunque el sistema contempla el reembolso del monto una vez que se cumple con las condiciones de la visa o si se deniega, el requisito de disponibilidad previa de decenas de miles de dólares puede hacer que la visa sea inaccesible para muchos.
Además del impacto directo en los viajeros, la política de bonos ha tenido razones diplomáticas.
Algunos gobiernos han expresado preocupaciones por la equidad de la medida y sus efectos sobre el turismo, los negocios y las relaciones bilaterales.
La implementación también se acompaña de requisitos adicionales, como entrevistas consulares obligatorias y la presentación de estadísticas detalladas de redes sociales y viajes anteriores, como se registra en Newsweek.
Las fianzas se enmarcan dentro de una tendencia más amplia del Gobierno de EE. UU. de endurecer los criterios para la emisión de visas, incluyendo la revisión de millones de visas ya otorgadas y una mayor atención al cumplimiento de las normas migratorias.
Esto sucede en el contexto de debates nacionales sobre la seguridad fronteriza, el control de la inmigración irregular y la modernización de los procesos consulares.