Estados Unidos
Trump desata tormenta migratoria: redadas de ICE en Boston provocan terror en comunidades santuario
La Operación Patriot 2.0 intensifica la persecución migratoria en Massachusetts, mientras crece la tensión entre autoridades locales y el gobierno federal.
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Bajo la recién lanzada Operación Patriot 2.0, agentes federales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han intensificado redadas en ciudades santuario como Boston, deteniendo inmigrantes en espacios públicos, lugares de trabajo y cerca de tribunales, según reportes de organizaciones comunitarias y medios locales.
La operación fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) como seguimiento de Patriot, una campaña similar realizada en Massachusetts en mayo, durante la cual fueron arrestadas alrededor de 1.500 personas.
Uno de los enfoques declarados por ICE es capturar a los “peores de los peores”, delincuentes con cargos graves como agresión sexual, tráfico de drogas, abuso infantil, según comunicado oficial del DHS.
Sin embargo, líderes locales y defensores de derechos humanos advierten que la operación también ha afectado a personas sin antecedentes penales ni vínculos claros con delitos graves.
En barrios con poblaciones inmigrantes, se reporta temor creciente. Pues los residentes han expresado que vehículos sin placa extraviada aparecen cerca de viviendas, que muchos ya no se sienten seguros saliendo, aunque deban ir a trabajar o llevar a sus hijos a la escuela.
La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, ha rechazado las políticas de santuario como un intento de ICE y la administración Trump de debilitar la confianza entre comunidades inmigrantes y autoridades locales.
Se ha interpuesto una demanda del Departamento de Justicia contra la ciudad por supuestamente obstaculizar la cooperación federal en materia migratoria, argumentando que el Boston Trust Act limita la participación de la policía local en detenciones relacionadas con inmigración.
El gobernador de New Hampshire, Kelly Ayotte, ha elogiado la ofensiva federal, tras firmar una ley estatal que prohíbe las políticas santuario. En contraste, organizaciones como la Massachusetts Immigrant and Refugee Advocacy Coalition señalan que la operación alimenta miedo, desconfianza y posibles violaciones de derechos civiles entre quienes no se involucran en actividades ilegales.
Según reportes recientes, el ICE ha trasladado más de 300 detenidos en lo corrido de agosto y septiembre desde New Hampshire hacia instalaciones de detención en Nueva Inglaterra, todos encadenados durante los vuelos, lo que ha sido documentado por voluntarios que monitorean los traslados.
Las instalaciones incluyen cárceles condales, prisiones federales y prisiones operadas por entidades privadas.
Mientras tanto, defensores legales preparan recursos judiciales para contrarrestar lo que consideran abuso de autoridad. Ellos argumentan que políticas como el Boston Trust Act y decisiones judiciales previas han protegido derechos constitucionales al limitar que policías locales participen en detenciones migratorias sin órdenes judiciales claras.
La operación federal ha generado protestas frente a oficinas de ICE, llamados para líneas de ayuda comunitarias en múltiples idiomas, y una creciente demanda de transparencia sobre cuántas personas han sido detenidas y bajo qué criterios.
Familias inmigrantes piden claridad oficial. Según DHS, el objetivo es capturar delincuentes graves; para líderes locales, la línea entre detenido legítimo y víctima potencial de redadas erróneas ya está difuminada.
