El 25 de enero, Donald Trump lanzó un nuevo ataque público contra las ciudades santuario, responsabilizándolas del aumento de inseguridad y exigiendo al Congreso su eliminación, mientras gobiernos locales preparan respuestas legales.
Alcaldes y gobernadores en el centro del conflicto migratorio federal
El 25 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intensificó su ofensiva contra las llamadas ciudades santuario, responsabilizándolas de lo que calificó como “caos” en algunas localidades del país
Además, pidió al Congreso de Estados Unidos que apruebe de inmediato una legislación para erradicar esas políticas migratorias locales.
Trump difundió sus exigencias a través de mensajes públicos y redes sociales, dirigiéndose tanto a la Cámara y el Senado como a gobernadores y alcaldes demócratas.
En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que estas jurisdicciones obstaculizan los operativos federales de inmigración y limitan la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Según Trump, las ciudades santuario deben transformarse en espacios seguros “solo para ciudadanos estadounidenses respetuosos de la ley”, y no para inmigrantes en situación irregular con antecedentes criminales.
Aunque el presidente dirigió sus llamados formalmente al Congreso, no hizo estas exigencias en una audiencia oficial ante la Cámara o el Senado, sino mediante declaraciones públicas y publicaciones en redes sociales que buscan presionar a los legisladores a legislar contra las políticas santuario.
🚨BREAKING: President Trump just officially called on Congress to END ALL SANCTUARY CITIES!
— Bo Loudon (@BoLoudon) January 25, 2026
“I am hereby calling on the United States Congress to immediately pass Legislation to END Sanctuary Cities…”
Promises made, Promises KEPT!
Follow: @BoLoudon
pic.twitter.com/kU13ZPcHWu
Ciudades santuario responden con demandas y movilizaciones comunitarias
La exigencia de Trump se produce en medio de tensiones políticas y sociales sobre la aplicación de la ley migratoria.
Líderes de ciudades como Minneapolis, Chicago y Los Ángeles, que han implementado políticas santuario, han rechazado las críticas federales, defendiendo su autonomía.
Argumentan que estas medidas buscan proteger a comunidades vulnerables y mantener la confianza entre residentes y autoridades locales.
La respuesta legislativa no se ha hecho esperar: algunos legisladores republicanos han respaldado públicamente la propuesta de Trump para terminar con las políticas santuario y planean presentar proyectos de ley en ese sentido.
Mientras tanto, otros demócratas han advertido que intentos de eliminar estas políticas podrían enfrentar desafíos constitucionales y prolongados litigios.
Además de solicitar que las autoridades estatales y municipales entreguen a las autoridades federales a inmigrantes con órdenes de arresto o antecedentes penales,
Trump también pidió mayor cooperación de la policía local en las deportaciones, lo que ha generado rechazo de funcionarios y organizaciones defensoras de derechos civiles que sostienen que tales demandas sobrepasan la autoridad federal.
El choque entre el gobierno federal y los gobiernos locales refleja la profunda división política sobre cómo manejar la inmigración en Estados Unidos.
A medida que el Congreso debate posibles medidas, las ciudades santuario preparan defensas legales y movilizaciones comunitarias.
Afirman que sus políticas no solo son legales, sino esenciales para la seguridad y la cohesión social de sus residentes.