Más de una década después del caso de valorización que terminó con la condena y cárcel de la exalcaldesa Luz Piedad Valencia por un detrimento cercano a $ 19.000 millones, un nuevo esquema contractual, esta vez por más de $ 101.735 millones, pone bajo la lupa a cuatro alcaldes del departamento.
La comparación no es menor: de confirmarse las irregularidades señaladas, la cifra en posible riesgo ($ 34.917 millones) sería casi el doble del caso que llevó a prisión a la exmandataria.
La denuncia fue presentada en Armenia por el senador Ariel Ávila y la exconcejal Stefany Gómez, quienes expusieron documentos, cuadros comparativos y registros mercantiles sobre convenios tecnológicos firmados en Armenia, Calarcá, Filandia y Quimbaya.
SEMANA revisó los contratos publicados en Secop, verificó registros empresariales y cotejó los estudios previos, encontrando coincidencias que ahora deberán ser analizadas por los organismos de control. Los cuatro mandatarios pertenecen al mismo grupo político. Tres de ellos, además, fueron recientemente elegidos en la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ), lo que ha intensificado el debate político en el departamento.
Según la denuncia, los contratos fueron estructurados mediante convenios interadministrativos, evitando procesos de licitación pública abierta. Si bien esta figura es legal, expertos consultados advierten que su uso reiterado en contratos de alto valor puede limitar la pluralidad real de oferentes.
De confirmarse que el precio base fue estructurado con estudios de mercado restringidos, podría estarse presuntamente vulnerando principios como transparencia, selección objetiva y pluralidad.
La revisión documental evidencia que varias de las empresas que participaron en la etapa de cotizaciones —RedSumma, SIEC e Investech— aparecen de manera reiterada en distintos municipios y vigencias contractuales. En Armenia (2024), estas tres firmas hicieron parte del estudio de mercado utilizado para estructurar el valor del contrato.
En Calarcá (2025), vuelven a figurar dentro del proceso de cotización que sirvió como base para fijar el precio del proyecto. Si bien la participación recurrente de proveedores no constituye por sí misma una irregularidad, especialistas en contratación pública consultados por este medio advierten que la repetición sistemática de los mismos actores en procesos separados puede generar un entorno de competencia limitada, particularmente cuando dichas cotizaciones son determinantes para establecer el valor inicial de contratos que superan los miles de millones de pesos.
La coincidencia empresarial en la fase previa a la contratación es uno de los aspectos que ahora deberán explicar las administraciones municipales involucradas.
El análisis comparativo de las cotizaciones presentadas por Red Suma, SIEC e Investech revela similitudes técnicas relevantes: estructuras casi idénticas, ítems replicados y diferencias mínimas en los valores ofertados. En Armenia (2025) aparecen nuevas empresas con domicilio en Mocoa (Putumayo) y en La Unión (Valle), cuyos registros mercantiles fueron verificados por este medio.
Pese a la variación de nombres, los documentos mantienen formatos coincidentes y estructuras presupuestales similares. Expertos señalan que cuando los estudios de mercado presentan homogeneidad excesiva, puede afectarse la solidez del análisis económico que justifica el monto final del contrato.
Otro aspecto que genera interrogantes es la proporcionalidad entre la capacidad financiera reportada por algunas empresas cotizantes y el volumen de los contratos estructurados. Registros mercantiles revisados muestran capitales pagados significativamente inferiores al valor de los proyectos en los que participaron como referentes de mercado.
Uno de los componentes más sensibles corresponde a la estimación de posibles sobrecostos por $19.846 millones en la adquisición de tabletas, pantallas interactivas y licencias de software. El cálculo se basa en la comparación entre valores contractuales y precios promedio comerciales. De confirmarse estas diferencias mediante peritajes oficiales, el impacto fiscal podría ser significativo, dado que se trata de recursos destinados a infraestructura tecnológica educativa.
Además, se identificaron $ 15.071 millones en rubros asociados a diplomados, capacitaciones y acompañamientos técnicos. Estos ítems, por su naturaleza, requieren soportes verificables de ejecución y trazabilidad documental.
La suma de presuntos sobrecostos e ítems bajo revisión alcanza los $ 34.917 millones señalados como recursos en posible riesgo. Es importante precisar que “posible riesgo” no equivale a detrimento confirmado, pero la magnitud de la cifra reactivó la memoria colectiva del departamento. De confirmarse las irregularidades señaladas, el Quindío podría enfrentar uno de los mayores escándalos contractuales recientes del Eje Cafetero. La última palabra la tendrán los organismos de control.