A la Fiscalía le tocó pedir cárcel para ocho funcionarios de su entidad, de la Policía y algunos particulares, que se habrían prestado para extorsionar con gruesas sumas de dinero, a cambio de torcer procesos judiciales relacionados con ciertos delitos que ya tenían estipulados.
Por eso es que en las últimas horas un juez penal de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad a esas personas, y una más que seguirá vinculada al proceso desde su lugar de residencia, por el cartel de procesos que habrían montado al interior de una de las entidades más importantes del país: la Fiscalía General de la Nación.
El ente investigador confirmó que entre los implicados tiene salpicados a varios de sus funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), así como uniformados de la Policía y particulares que se habrían beneficiado de esta red de corrupción que estaba operando en la entidad a cargo de investigar las actividades ilícitas en Colombia.
Durante la imputación de cargos contra los involucrados se conoció que el modus operandi funcionaba con el cobro de gruesas sumas de dinero, a cambio de direccionar procesos de lavado de activos y extinción de dominio. Lo que ha llamado la atención de los investigadores.
Así fue como un Grupo de Tareas Especiales, conformado por fiscales e investigadores de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción, terminaron destapando un escándalo de proporciones mayores que incrimina a sus propios compañeros de trabajo.
La Fiscalía confirmó que durante la audiencia de imputación de cargos los implicados fueron presentados ante un juez por los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.
En septiembre del año pasado, SEMANA reveló una grave denuncia que sacó a flote la existencia de un cartel que estaría dedicado a traficar expedientes reservados y en el que estarían involucrados funcionarios de la entidad. En ese momento, la información preliminar alertaba sumas de hasta 200 millones de pesos por vender esa información privilegiada.
Justo esa investigación reveló que el Modelo Único de Investigación Financiera, creado por la Dirección de Lavado de Activos tras la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo, se habría convertido en un negocio para que los delincuentes se anticiparan a las decisiones judiciales de ese tipo de delitos, justo el mismo por el que terminaron imputados nueve funcionarios del CTI, de la Policía y hasta particulares.
