Abogada que lideró batalla judicial contra el aborto en Colombia no será investigada

El aborto en Colombia fue despenalizado hasta la semana 24 en una reciente decisión de la Corte Constitucional. Cabe recordar que en enero de 2021, el alto tribunal había una enviado una solicitud para que se investigara a la abogada Natalia Bernal Cano, por sus insistentes demandas de prohibir el aborto, pero además una serie de quejas, nulidades, recusaciones y más que había enviado a los magistrados.

Natalia Bernal Cano presentó demandas de inconstitucionalidad que fueron negadas y su nombre se dio a conocer precisamente porque arremetió varias veces contra magistrados como Alejandro Linares y Antonio Lizarazo a través de declaraciones en medios.

Una de estas demandas buscaba reconocer los derechos de los niños aún antes del nacimiento. La jurista consideraba que la normatividad vigente anula los derechos a la vida, la dignidad e integridad física y psicológica de los que están por nacer.

Con ponencia de la magistrada Elka Vanegas se pide “ordenar la terminación del proceso a favor de la abogada disciplinada”. Es decir, no será investigada por la recién creada Comisión de Disciplina Judicial.

Fue tal la polémica que también se dio durante la semana en la que Corte despenalizó el aborto que incluso circularon chats. Uno de esos mensajes mencionaba a Bernal con el siguiente texto: “Oremos por la conversión de Alejandro Linares, magistrado ponente en los procesos iniciados por la doctora Natalia Bernal Cano. Que el Señor lo ilumine en la redacción de su ponencia”.

Hace dos semanas, un grupo significativo de ciudadanos bajo el nombre de ¿Y la Corte qué? radicaron una denuncia contra los magistrados del Alto Tribunal que votaron a favor de esa decisión, por supuesta falsedad en documento público. Consideran que pudo haber una extralimitación en ese fallo.

Dicen que en el recurso que presentaron detallan inconsistencias que encontraron, porque hay elementos de juicio para creer que los magistrados no tenían el número de votos para su aprobación, entre otros hechos.

Uno de los hechos que ponen como precedente es que el conjuez Julio Andrés Ossa, que desempató las posturas encontradas de los magistrados, recomendó un número de semanas menor a lo que se estableció. Según el comunicado emitido por la Corte, Ossa, estaba de acuerdo con que la decisión se tomara hasta la semana 13.

Piden que sea el Congreso y el representante a la Cámara que tome el caso el que evalúe si la Corte actuó de conformidad a sus facultades y si efectivamente se cumplieron todos los requisitos para la despenalización.

El grupo, según contó López, está conformado por jóvenes, profesionales de diferentes áreas, que quieren contrarrestar a través de este movimiento ciudadano la decisión del Alto Tribunal con la que no están de acuerdo.

Además de López, hay otros seis voceros que están al frente de esa demanda. Lograron recoger en este poco tiempo unas 3.500 firmas como sustento de la inconformidad ciudadana.