Un choque de decisiones judiciales al interior de varias salas de la Corte Suprema de Justicia provocó una petición a la Corte Constitucional para que revise el proceso penal contra los hermanos Dávila Abondano en el escándalo de corrupción conocido como Agro Ingreso Seguro.
El caso empezó el 18 de junio de 2025, cuando la Sala de Casación Penal dejó en firme la condena impuesta por un juzgado y un tribunal de Bogotá contra los hermanos Alfonso y Juan Carlos Dávila Abondano, quienes aceptaron su responsabilidad penal mediante un preacuerdo por el delito de peculado en ese proceso.
Sin embargo, esa decisión fue refutada mediante una tutela ante la Sala de Casación Civil en enero de 2026, la cual no encontró ningún tipo de vulneración a los derechos de los demandantes involucrados en el proceso a cargo de la Sala Penal.
Pero el 24 de abril de este año, la Sala de Casación Penal fue notificada por la Sala Laboral de que, a través de una tutela, amparó los derechos de los hermanos y dejó sin efectos el proceso penal desde la audiencia de verificación del preacuerdo, porque existía un “defecto procedimental”, al considerar “atípica” la conducta de los procesados e inadecuado el “control material a la negociación” por parte de los jueces.
Ante esa situación, el magistrado Carlos Solórzano, presidente de la Sala, manifestó en un comunicado: “La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia es respetuosa de las decisiones judiciales, sobre todo de las que profiere ese tribunal de cierre de la justicia ordinaria en sus distintas salas de decisión”.
Paloma Valencia sobre Agro Ingreso Seguro en el noveno foro del Centro Democrático. “En el caso de Andrés Felipe Arias faltó defender el tema central: dar subsidio a grandes empresarios no es un delito”, expresó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/j1Lp1ENyrR
— Revista Semana (@RevistaSemana) August 31, 2025
El magistrado Solórzano reiteró que, en el proceso penal contra los hermanos Dávila Abondano, tal como lo reconoció el fallo de casación, estos suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía de manera “libre, consciente y voluntaria” para aceptar el delito de peculado por apropiación, con una pena que podría llegar a los 24 meses de prisión.
Después de la tensión que se dio entre las salas de casación Penal y Laboral, el magistrado Carlos Solórzano decidió pedirle a la Corte Constitucional que seleccione el fallo de tutela que dejó sin efectos la condena contra Alfonso y Juan Carlos Dávila Abondano por el caso de Agro Ingreso Seguro.