Alcalde de Calamar, Guaviare, le habría dado contrato a quien financió su campaña

En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías al alcalde de Calamar (Guaviare), Rohymand Giovanny Garcés Reina, y al contratista Bernardo Enrique Ruiz Vaca por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de prestación de servicios.

La Fiscalía señala que, en este caso puntual, el Contrato 050 de abril de 2020, cuyo valor ascendió a $7.800.000, tenía por objeto supervisar el mantenimiento de la maquinaria y el parque automotor de la Alcaldía.

“En las investigaciones se estableció que el contratista, al parecer, no cumplía los requisitos mínimos para ocupar este cargo, en el entendido de que no acreditó estudios de bachillerato ni experiencia relacionada; tampoco tenía licencia de conducción ni aportó los certificados de que no estaba incurso de alguna inhabilidad o incompatibilidad”, advirtió el ente investigador.

Al parecer, el mandatario local otorgó este contrato “porque Ruiz Vaca habría aportado más de siete millones de pesos a la campaña política que le permitió ganar las elecciones en 2018″.

Precisamente, por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al alcalde de Calamar (Guaviare) y al contratista los delitos de violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades, y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, cargos que no fueron aceptados por estas personas.

Y es que justamente, a propósito de corrupción, este tema sigue siendo un “dolor de cabeza” en Colombia y un fenómeno que se intenta combatir desde varias esferas. La corrupción financiera y política aparece entre los principales problemas que agobian a Colombia, a tal punto que el país está dentro del top 10 de países en el mundo donde estos temas son las principales preocupaciones.

Por ejemplo, la advertencia que hace el más reciente informe de la organización Transparencia Internacional, que clasifica a 180 países y territorios según la percepción del nivel de corrupción en su sector público, según expertos y empresarios.

Ordenado de peor a mejor clasificado en el índice, Colombia se ubica en el puesto número 92. Venezuela tiene la percepción de corrupción más alta en Latinoamérica, ubicándose en el puesto 176 de toda la lista. Le siguen Haití en el renglón 170, Nicaragua en el 159 y luego Honduras, en el 157.

El panorama es diferente en países de América Latina como Uruguay, donde menos se percibe corrupción, y se ubica en el puesto 21. En este ranking luego vienen Chile (67 puntos), Costa Rica (57) y Cuba (47).