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Aldesarrollo designa representación legal para atender investigaciones anunciadas por la SIC

La entidad informó que la firma Mario Iguarán Abogados Asociados asumirá la representación judicial de Aldesarrollo y su director.

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23 de septiembre de 2026 a las 5:24 p. m.
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC
Superintendencia de Industria y Comercio, SIC Foto: Cortesía - Presidencia de la República

Ante las recientes investigaciones anunciadas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en relación con procesos de contratación pública, en los que, según la SIC, “se le atribuye el liderazgo de un presunto esquema de contratación pública con las empresas Aldesarrollo, Red Summa y Kluster Latam”, la Alianza Pública para el Desarrollo Integral (Aldesarrollo) informó que encomendó a la firma de abogados Mario Iguarán Abogados Asociados la representación judicial de la entidad y de su director.

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La firma “atenderá los requerimientos de las autoridades competentes con el propósito de brindar plena transparencia, acreditar el apego institucional a la legalidad en todas las operaciones de la entidad y garantizar el estricto respeto del debido proceso y de la presunción de inocencia en cada una de las actuaciones que se adelanten”.

Aldesarrollo reiteró su “plena disposición de colaborar con las autoridades y su respeto por la labor de la Superintendencia de Industria y Comercio y de los demás organismos del Estado”.

Así mismo, la entidad transmitió “un mensaje de tranquilidad y confianza a sus aliados, contratistas, colaboradores y a la comunidad en general”, y señaló que continúa operando con normalidad.

Por último, Aldesarrollo precisó que Moisés David Hernández no hace parte de la entidad ni mantiene vínculo laboral, contractual o de representación con ella desde 2023. En consecuencia, solicitó a los medios de comunicación y a la opinión pública distinguir entre las actuaciones que las autoridades adelanten respecto de personas naturales y la gestión institucional de la entidad, con el fin de evitar generalizaciones que causen un daño reputacional injustificado a su imagen y a su historia institucional.

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La entidad señaló que no se pronunciará sobre el fondo de las actuaciones en curso, en respeto del debido proceso, y que toda información oficial será divulgada únicamente a través de sus canales institucionales.

Los procesos objeto de revisión tendrían un valor acumulado cercano a los $2 billones. Por esta razón, la SIC ordenó revisar más de 300 contratos relacionados con las compañías mencionadas.