Poco a poco se va cerrando el cerco judicial contra el empresario barranquillero Álex Saab, considerado el testaferro del régimen de Nicolás Maduro, conocedor de los negocios de este gobierno y quien, en los últimos años, era el encargado de conseguir insumos y recursos por el mundo para Venezuela. En Colombia, Saab también estaría en problemas, pues las autoridades lo acusan por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir y exportaciones ficticias.
Justamente, hoy en la ciudad de Barranquilla se llevará a cabo la audiencia preparatoria de pruebas en la que el juez deberá decidir y evaluar las pruebas que presente la Fiscalía para continuar con el proceso, escuchar los argumentos de la defensa y evaluar también las pruebas que presenten los abogados de Saab.
El juez especializado de Barranquilla analizará pruebas testimoniales, documentales y periciales como antesala para el juicio, que está programado para iniciar en octubre, si no se presentan aplazamientos.
La Fiscalía presentará todo su arsenal jurídico contra Saab, a quien hace aproximadamente un año le incautaron bienes con objeto de extinción de dominio por un monto cercano a los 35 mil millones de pesos, entre los que se destacaba una mansión de 28 mil millones.
Y es que la extradición de Saab, desde la pequeña república africana de Cabo Verde, no solo tiene temblando al Gobierno del presidente Nicolás Maduro. En Colombia las autoridades también adelantan investigaciones para determinar cómo operaba en el país el poder, los millonarios negocios y el complejo esquema de lavado de activos sobre el cual, el considerado ministro de Finanzas a la sombra del régimen venezolano montó una red global.
Hace casi un año, la Fiscalía, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, formalizó el 4 de septiembre la acusación en contra de Saab y Devis José Mendoza Lapeira, contador de una de sus empresas. Así se inició la fase de descubrimiento de material probatorio.
SEMANA pudo determinar que la Fiscalía tiene pruebas de cómo el cuestionado empresario, en calidad de representante legal, miembro de junta directiva y accionista de Shatex S. A., habría utilizado esta empresa para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.
La acusación plantea que este andamiaje criminal fue auspiciado por Mendoza Lapeira, quien, supuestamente, usó su oficio de contador para ocultar, transformar y administrar las actividades ilegales. La investigación sobre Shatex, según la información recolectada por las autoridades judiciales, sería apenas el primer eslabón de la cadena de empresas que Saab habría fundado en Colombia para legalizar sus millonarias transacciones.
En la estructura ilegal que creó en el país estarían vinculados varios familiares de Saab. El proceso comenzó a raíz de un anónimo que le entregaron al expresidente Álvaro Uribe en 2013. El exmandatario se lo encomendó a uno de los miembros de su esquema de seguridad, quien lo trasladó a la Dijín. Luego, la Fiscalía, con el apoyo de la Policía Judicial, inició las investigaciones.
Entre los hallazgos reposa un informe de la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) en el que se registra el supuesto pago de dos tiquetes aéreos desde una de las empresas de Saab para la exsenadora Piedad Córdoba y un acompañante. Además, las autoridades llevan a cabo un estudio patrimonial preliminar del “núcleo familiar extendido” de la excongresista, entre los que se encuentran 21 personas, incluida ella.
Córdoba ha aceptado que conoce a Álex Saab, pero ha negado cualquier tipo de relación en términos económicos con él.
Saab Morán fue capturado el 12 de junio en Cabo Verde, donde hizo una parada técnica en un viaje que lo llevaría a Irán, país en el que, según se ha documentado, cambiaba lingotes de oro por combustible. La misión fracasó al hacerse efectiva la alerta roja de la Interpol.
El empresario y el régimen de Maduro han desplegado todo su arsenal jurídico y diplomático a tal punto que fue declarado “agente del Gobierno bolivariano” y reclaman inmunidad buscando evitar a toda costa el envío de Saab a Estados Unidos. Por ahora solo han logrado dilatar el que sería el último viaje del barranquillero, en busca de lograr que le sean otorgadas medidas cautelares por parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Mientras llega a Florida, tiemblan en Colombia y también en Venezuela.
