Gran revuelo judicial por el caso de Violeta Arango Ramírez, alias Violeta, detenida en su momento por el atentado perpetrado en el Centro Comercial Andino, en Bogotá. El atentado tuvo lugar el 17 de junio de 2017 y dejó a tres mujeres muertas, además de otras 10 heridas de gravedad.
La mujer fue señalada de ser parte de la guerrilla del ELN y fue detenida en 2022, pero el gobierno del presidente Gustavo Petro le otorgó el nombramiento de “gestora de paz” y la mujer quedó en libertad, generando un revuelo nacional.
El asunto es que este 13 de febrero de 2026, un juez de conocimiento reactivó la medida de aseguramiento y libró orden de captura, por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que mantiene sus pesquisas al margen del cargo que le dio el Ejecutivo.
SEMANA consultó qué ha pasado con alias Violeta y encontró que ella ya no es gestora de paz. De acuerdo con las fuentes consultadas, la Oficina del Alto Comisionado le retiró tal dignidad desde enero pasado, pero no le avisó al ente acusador de esa decisión, y ahora es incierto dónde se encuentra la mujer.
El abogado Francisco Bernate se pronunció como representante de las víctimas:
Víctimas del atentado al Centro Comercial Andino aseguraron que el Gobierno omitió informar a la Fiscalía que alias Violeta ya no era gestora de paz, lo que habría facilitado su fuga. Un juez ordenó su captura. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/WPogppJM1E
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 13, 2026
En la decisión del juez de conocimiento se ordena “reanudar los efectos de la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario impuesta a la señora Violeta Arango Ramírez, impuesta por el Juzgado 20 Penal Municipal con función de control de garantías”.
Además, ordena “librar orden de captura contra la señora Violeta Arango Ramírez con el fin de que continúe en detención preventiva en establecimiento carcelario”.
Respecto a la supuesta negligencia en la información sobre su paradero, la determinación insta a “compulsar copias ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigue el posible actuar omisivo de los funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que debieron tramitar la comunicación de la resolución No. 017 del 23 de enero de 2025 ante las autoridades competentes”.
Casi un mes después del atentado, el 13 de julio de 2017, Violeta divulgó un extenso comunicado en el que negaba cualquier relación con la bomba. “Han iniciado toda una campaña que daña mi buen nombre, pone en riesgo mi integridad, viola todos mis derechos y me condena sin siquiera ir a un juicio. Esta persecución legal de la que estoy siendo víctima, junto con mi familia, a la que tienen acosada, perseguida y ultrajada, no es otra cosa que un montaje… han decidido emprenderla contra un buen grupo de personas”, dijo en uno de los apartes.
Pese a negarlo, SEMANA publicó en su momento cómo a Violeta la protegía en las filas de esa guerrilla Jacob Acuña, conocido con el alias Samuel, miembro de la dirección nacional del ELN ya abatido.
Las víctimas mortales de alias Violeta tras el atentado en el Centro Comercial Andino, al colocar un artefacto explosivo en un baño de mujeres, fueron la francesa Julie Huynh (23 años) y las colombianas Ana María Gutiérrez (27 años) y Lady Paola Jaimes (31 años).
Violeta, la socióloga de la Universidad Nacional, aparentemente no era quien decía ser. A pesar de los esfuerzos de abogados, amigos y familiares por negar sus relaciones con grupos al margen de la ley, el hecho de que ella estuviera en las filas del ELN, portando uniforme y armas, dejó sin mayor argumento cualquier presunción de inocencia. Y ahora se presenta este hecho inédito de no conocer su paradero, mientras las víctimas claman justicia.