La posibilidad de pactar un periodo de prueba con aprendices del Sena regresa por decisión del Consejo de Estado, después de que ordenó la suspensión provisional de un decreto que expidió el gobierno del expresidente Gustavo Petro para impedir ese tipo de vinculación con quienes están en etapa de aprendizaje.
La decisión se dio después de que llegó una demanda de nulidad contra una disposición del Decreto 223 de 2026, mediante la cual el gobierno Petro reglamentó aspectos precisos relacionados con este tipo de modalidad de formación.
El Consejo de Estado señaló que ese decreto iría en contravía de la ley que permite que el empleador y el aprendiz acuerden por escrito un periodo de pruebas en ese tipo de contratos, por lo que consideró que el “gobierno excedió su facultad reglamentaria al prohibirlo de manera absoluta”, pese a que esa restricción no estaba contemplada en la norma.
La decisión se sustentó en la reciente reforma laboral que expidió el mismo gobierno del expresidente Petro, donde se estableció que este tipo de contratos se regiría por las normas plasmadas en el Código Sustantivo del Trabajo.
Esa ley, conocida como la reforma laboral, incluyó dentro de su estructura la posibilidad de pactar un periodo de prueba, siempre que se cumplan las condiciones y los límites legales. El decreto sería una contravía a lo que le apostó el mismo gobierno en una de sus principales iniciativas legislativas.
Por eso, los magistrados de la Sección Segunda destacaron que el Gobierno nacional “no podía eliminar mediante un decreto” una posibilidad que fue reconocida por la Ley 2466 de 2025, aprobada por el Congreso de la República.
Ese argumento desencadenó que el Consejo de Estado ordenara suspender provisionalmente los efectos de la resolución que expidió el entonces presidente Petro para prohibir el periodo de prueba en los contratos de aprendizaje.
El fallo judicial también detalló que esta decisión no es un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma, sino que se trata de una medida cautelar que se mantendrá mientras se resuelve la demanda de fondo y se determina la disposición que se debe ajustar en el ordenamiento jurídico.