Así fue la presunta “compra de congresistas” por parte de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco

Este lunes 1.º de diciembre, la Fiscalía General imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer a los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco, por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La fiscal delegada ante la Corte Suprema señaló que desde mayo de 2023, el entonces jefe de la cartera de Crédito Público dio instrucciones precisas con el fin de direccionar una serie de contratos que estaban en poder de la UNGRD y en el Instituto Nacional de Vías (Invías) para beneficiar a un grupo de congresistas.

La lista de congresistas ya había recibido su aval. Se trataba de los senadores y representantes a la Cámara que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, a quienes se les iban a adjudicar cupos indicativos con el fin de que aprobaran los proyectos que había radicado el Gobierno Petro.

En varias reuniones que se adelantaron en la sede del Ministerio de Hacienda, en pleno centro de Bogotá y a pocas cuadras de la Presidencia, se estableció la forma en que debían entregarse estos contratos. A estos encuentros, como lo reveló en exclusiva SEMANA, asistió también el, en ese momento, ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El objetivo claro, según la fiscal del caso, era el siguiente: se debían “comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario, a cambio de apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno”..

La imputación contra Bonilla y Velasco iene como base las declaraciones que ha rendido, tanto ante la Corte Suprema como ante la Fiscalía General, la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien estuvo presente en varias de las reuniones. Además, recibió órdenes directas de Bonilla.

“El ministro Bonilla le solicitó a Olmedo López tramitar en la UNGRD proyectos contractuales en los que los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya se habían interesado ilícitamente”, señaló la fiscal del caso.

“Desde mayo de 2023 hasta mediados de 2024, ustedes —en referencia a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco— se concertaron entre sí con personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, precisó la fiscal delegada.

En este sentido, señaló que para lograr esto se generó un “pacto criminal” por medio del cual se “ofrecieron y acordaron ilícitamente con senadores y representantes direccionar contratos, proyectos o convenios que se adelantaban en el Invías o la UNGRD, a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones”.

Para concretar el desvío de contratos, se vinculó al entonces director de la UNGRD, Olmedo de Jesús López, y al exdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, cuyas declaraciones fueron clave a la hora de identificar la participación de los exministros en este caso de corrupción.

Los contratos que se desviaron

En la primera parte de la imputación de cargos se señaló que en la ejecución de las funciones de la “empresa criminal” se ordenó el direccionamiento de contratos. Estos hechos se presentaron entre mayo de 2023 y octubre de 2024.

“Lapso durante el cual direccionaron en favor de parlamentarios de la Comisión Primera del Senado, de las comisiones Tercera y Cuarta de la Cámara y Senado, y de la Comisión Séptima del Senado, 74 radicados en el INVIAS por 571.000 millones de pesos; y cinco proyectos en la UNGRD por 40.500 millones de pesos, para un total de 612.000 millones de pesos, de los cuales se concretaron siete proyectos”, precisó la delegada del ente investigador.

En la división de funciones, y teniendo en cuenta sus cargos, los entonces Ministros ordenaron y coordinaron reuniones, “supervisando las gestiones ilícitas” con el fin de “cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas. Plantearon las líneas base del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno Nacional que cursaban en el Congreso de la República”.

“Con el fin de cumplir con los compromisos delictivos previamente adquiridos con los congresistas, plantearon las líneas base del modus operandi, que grosso modo consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios a los proyectos del Gobierno Nacional que cursaban en el Congreso de la República, o de su concurrencia, cuórum, deliberación y votación a los proyectos de endeudamiento de la Nación, que cursaban en la Comisión Interparlamentaria de Hacienda y Crédito Público. Usted, Luis Fernando Velasco Chávez, en junio del 2023, le ordenó a Olmedo de Jesús López Martínez apoyar la reforma pensional”, enfatizó.

Por estos hechos, la Fiscalía General también solicitará una medida restrictiva de la libertad en contra de los dos exministros.