Tras la orden del Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Barranquilla, Silvia Beatriz Gette Ponce asumió nuevamente como rectora de la Universidad Autónoma del Caribe, luego de que declararan improcedente la tutela del Ministerio de Educación Nacional que buscaba frenar su retorno.
“Es mucha emoción estar en este momento en esta gran casa. Trece años esperando este momento. Con la ayuda de empleados, sindicatos, estudiantes, tenemos que sacar adelante la universidad y lograr lo que fuimos en 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Acabo de llegar, no sé cómo está la universidad. Lo primero será sentarnos, hablar, presentarnos y enterarme de lo que hay“, dijo Gette a su llegada la tarde del lunes, 27 de abril, a las instalaciones de la universidad.
De igual manera, Gette señaló que es necesario un trabajo conjunto para poder subir el nivel de la universidad que se encuentra en medio de una crisis económica.
“Tenemos que poner el hombro y levantar la universidad. Si la universidad está bien, sus títulos tendrán valor; si se cae, nos afecta a todos“, dijo.
Su abogada Bianith Bohórquez dijo que con esta decisión quedaron sin efectos las medidas que tomaron en el año 2013, cuando la apartaron del cargo por el autopréstamo y fue condenada por estos hechos.
“Con la decisión del restablecimiento se suspenden los efectos producidos a partir del 20 de mayo de 2013. Es decir, que este restablecimiento obedece única y exclusivamente a esa suspensión. Por lo tanto, todos los actos administrativos derivados del Consejo Directivo en fecha del 20 de mayo en adelante quedan suspendidos”, dijo.
En el fallo conocido por SEMANA se lee que la polémica por su regreso se desató desde el 8 de abril, cuando un juez con funciones de control de garantías ordenó el reintegro de Gette Ponce como rectora y el restablecimiento de sus derechos.
La decisión fue emitida el 24 de abril de 2026 y señala que los hechos tienen origen en esa misma fecha, cuando el juez ordenó el restablecimiento del derecho de Gette Ponce, incluyendo su retorno como rectora en propiedad. Además, dispuso la suspensión de decisiones internas adoptadas desde 2013.
Tras conocerse esta determinación, el Ministerio de Educación Nacional interpuso una tutela en la que sostuvo que hubo una presunta vulneración al debido proceso.
El juez que analizó esta acción determinó que el Ministerio aún cuenta con herramientas judiciales activas, como el recurso de apelación, para controvertir esa decisión, lo que hizo improcedente la intervención del juez de tutela en esta etapa del proceso.
“La acción de tutela es improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que el accionante cuenta con el recurso de apelación como mecanismo ordinario idóneo y eficaz para la protección del derecho invocado, el cual se encuentra actualmente en trámite ante el superior funcional del juzgado accionado, y no se acreditaron los presupuestos del perjuicio irremediable que habilitarían su uso como mecanismo transitorio”, se lee en el fallo.
De igual manera, el juez desvirtuó uno de los principales argumentos del Ministerio de Educación, relacionado con los posibles efectos negativos sobre la estabilidad institucional de la universidad.