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Asocapitales pide que se le den garantías al proceso frente a decisión de la Procuraduría contra alcaldes

La agremiación solicita también que se cumpla el fallo de la Corte IDH y reclama que se haya sancionado a un concejal y la forma en que se comunicó la decisión.


La procuradora Margarita Cabello decidió suspender provisionalmente a los alcaldes de Medellín, Daniel Quintero, y el de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, con el argumento de presuntamente haber participado en política.

Asocapitales, la asociación que agremia a todos los mandatarios locales del país, mostró su inconformidad al respecto y se refirió a varios puntos que le causan preocupación por la forma como se ha llevado a cabo ese proceso.

Uno de los puntos con los que no están de acuerdo es que en medio de las investigaciones no se prime el derecho al debido proceso y el principio de presunción de inocencia.

“En esa medida, esperamos que el proceso de investigación, instrucción y juzgamiento de funcionarios elegidos popularmente adelantado por la Procuraduría General ofrezca las garantías constitucionales”, señaló Asocapitales a través de un documento.

La agremiación se refirió también al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) sobre el caso Petro en el que se determinaron los lineamientos para la destitución de funcionarios elegidos por mandato popular, pidiendo que se cumpla.

Dicen que según esos lineamientos, esas sanciones solo pueden ser impuestas por un juez competente, mediante sentencia judicial dentro de un proceso penal. “Además, la Corte Interamericana afirmó que la destitución o inhabilidad de un funcionario elegido popularmente es una restricción a los derechos políticos tanto del funcionario en cuestión como de sus electores”, alega Asocapitales.

Señalan que independientemente de las investigaciones que se adelanten contra los sancionados, se deben evaluar las implicaciones de cómo se comunican este tipo de decisiones, ya que consideran que pueden generar zozobra o incentivar una “desorientación”, lo que puede desembocar, según ellos, en una “desestabilización del orden público”.

“Registramos con desconcierto que el Ministerio Público recurra a un concepto subjetivo como ‘imaginario colectivo’, del cual no tenemos referente en la jurisprudencia ni (en) la legislación colombiana”, reclaman desde Asocapitales.

Se refieren a las declaraciones de la procuradora Cabello, en las que dijo: “Los servidores públicos deben tener en cuenta que la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral”.

En medio de la decisión de la Procuraduría también fueron suspendidos del cargo Grenfell Lozano, personero de Nátaga (Huila), y Gustavo Adolfo Herrera, concejal de Calarcá. En el caso de Herrera, Asocapitales reclama que no entiende por qué un cabildante es sancionado por este hecho, si por su naturaleza podría participar en política.

“Nos confunde que en el anuncio de apertura de investigación en contra de dos alcaldes de ciudades capitales por supuesta participación en política, se mencione el caso de un concejal que, dentro de su naturaleza, está la participación en política”, cuestionaron desde Asocapitales.

En general los alcaldes locales se han mostrado inconformes con esta decisión. La alcaldesa Claudia López también criticó lo anunciado por el Ministerio Público.

“Esta campaña no puede terminar desconociendo la Constitución, las sentencias de la CIDH y a la ciudadanía. Por respeto a la voluntad ciudadana las sanciones a los electos popularmente las ponen exclusivamente los jueces. Esa sentencia y demás garantías democráticas deben acatarse”, aseguró la alcaldesa de Bogotá.

La decisión de la Procuraduría ha causado una enorme tormenta política. El alcalde Quintero ha reclamado por la decisión diciendo que se trata de un “golpe de Estado”, mientras que desde otros sectores han reclamado sanciones a otros funcionarios, o han aplaudido la decisión de Cabello por considerar que se debió haber aplicado desde hace tiempo, ante el evidente favoritismo de Quintero por la campaña de Gustavo Petro.