Atención | Carlos Mattos aceptó su responsabilidad en el soborno a jueces

El próximo viernes 11 de marzo, el juez 30 de Conocimiento de Bogotá definirá si avala o no el preacuerdo firmado entre el empresario Carlos José Mattos Barrero y la Fiscalía General por sobornar a funcionarios y trabajadores de la Rama Judicial para resultar beneficiado en una disputa legal con la que buscaba vender carros de la marca coreana Hyundai en Colombia.

En la audiencia celebrada este viernes, Mattos aceptó todo lo señalado en el preacuerdo que leyó el fiscal Álvaro Betancur. El empresario expresó que entendía que de ser avalado el documento sería condenado a 56 meses de prisión (cuatro años y seis meses), tendría un antecedente judicial y no podría retractarse de lo negociado.

Este hombre, que recientemente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita (Boyacá), aceptó haber pagado millonarios montos de dinero para direccionar una demanda en los juzgados civiles municipales de Bogotá, esto con el fin de resultar victorioso en un litigio que sostenía con otra empresa para la comercialización de vehículos de la marca coreana.

Mattos contactó directamente a Dagoberto Rodríguez, oficial mayor del juzgado sexto civil, y a Reinaldo Huertas, juez sexto Civil del Circuito, a través del abogado Luis David Durán Acuña, “quienes decidieron a través de una contraprestación económica, decretar una medida cautelar” para beneficiar a Mattos y su empresa Hyundai Colombia Automotriz S. A., en el litigio que tenía con Global Car World S. A. S., una empresa con sede en Ecuador.

Rodríguez contactó a las otras personas encargadas con la manipulación al sistema para lograr que las demandas llegaran directamente al despacho presidido por el juez Reinaldo Huertas, quien en tiempo récord resolvió la acción judicial y ordenó las medidas cautelares de aplicación inmediata.

En el preacuerdo se fijó además el pago de una multa de 93 millones de pesos, así como la inhabilidad por cuatro años y medio de prisión para ejercer cargos públicos y contratar con el Estado. Igualmente, el pago de un millón de dólares para reparar a la Rama Judicial y a la Fiscalía General por los daños causados con su actuación.

Mattos, quien fue extraditado en noviembre pasado tras evadir durante años a la justicia colombiana, reconoció su plena responsabilidad en este escándalo de corrupción que permeó a la Rama Judicial.

Mattos no podrá elegir su lugar de reclusión

Debido al reciente escándalo en el que se vio inmerso, Mattos, quien abusó de las salidas y permisos médicos que recibió por parte del Inpec, la Fiscalía General retiró parte del preacuerdo en donde este hombre establecía una negociación sobre la elección del lugar de reclusión donde pagaría la condena.

El fiscal del caso advirtió que tras la investigación hecha por “verdaderos periodistas” se vislumbró que Mattos estaba utilizando los permisos para sostener reuniones en su oficina privada en el norte de Bogotá, pese a que no había recibido una autorización expresa por parte de las directivas de la cárcel La Picota.

“Ante las últimas circunstancias que han sido de público conocimiento, la Fiscalía retirará unilateralmente el aspecto en el que se fijaba el lugar de reclusión del señor Carlos Mattos, pues aunque se respeta la presunción de inocencia frente a actividades punibles que se pudieron derivar de esos hechos, lo cierto es que ante la fuerza demostrativa de la juiciosa y rigurosa investigación realizada por medios periodísticos, la Fiscalía retira este aspecto que se iba a pactar no como un beneficio adicional, sino como una consecuencia de la pena que se invoca”, precisó el fiscal Álvaro Betancur.