El exdirector del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) Pierre García Jacquier se defenderá en libertad. Esta fue la decisión que tomó este martes la jueza 42 de control de garantías de Bogotá tras avalar la petición de la Fiscalía General en el proceso que se adelanta por las irregularidades en la celebración de millonarios contratos de obra vial.
Pierre García, exdirector del Departamento de Prosperidad Social, implicado en escándalo de corrupción que salpica a varios congresistas, se defenderá en libertad y deberá anunciar la fecha de su regreso a Colombia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/KXg51ArkER
— Revista Semana (@RevistaSemana) February 20, 2024
En el análisis jurídico, la funcionaria consideró que la solicitud de orden de captura y medida de aseguramiento en centro carcelario solicitada por la Fiscalía General “es bastante excesiva”, por lo que decidió que García Jacquier, quien en estos momentos se encuentra en París, Francia, atendiendo un tema personal, “deberá presentarse periódicamente ante el juez” cuando sea citado.
“Los elementos no dan a entender que el señor esté allá (en Francia) porque se hubiera querido fugar de la administración de justicia”, advirtió la jueza al rechazar la solicitud de emitir las circulares azul y roja en contra del exfuncionario. En este sentido, consideró que no se puede inferir que García Jacquier quiera quedarse en Europa. “Se le impone al señor informar de su regreso al país, o cuando esta fecha sea definida”, aseguró la funcionaria judicial en una extensa intervención.
En este sentido, aseguró que es evidente que el exfuncionario cuenta con arraigo en Colombia y tiene varios compromisos de tipo económico que atender, por lo que, contrario a lo que dijo la Fiscalía General, no existen méritos para inferir que haya hecho maniobras para eludir el actuar de la justicia.
Para la jueza, en este caso prima la falta de antecedentes judiciales del exdirector del Departamento Administrativo de Prosperidad Social (DPS) Pierre García Jacquier, así como su comparecencia a todas las citaciones hechas por las autoridades judiciales.
En el análisis consideró que pese a lo dicho por la defensa de García Jacquier la declaración del testigo clave dentro de esta investigación, Pablo César Herrera Correa, exgerente de Proyecta Quindío, es bastante creíble sobre el tiempo, modo y lugar en el que se presentó el direccionamiento de contratos en la oficina de Pierre García. “Es bastante coherente”, manifestó la juez al advertir la gravedad de los hechos materia de investigación, el riesgo de fuga, el peligro para la sociedad y la manipulación de las pruebas.
“Observa el despacho que esta persona da luces de la manera en que se gestó, que fue la palabra que utilizó la fiscal, lo relacionado con el convenio 670 de 2021″, enfatizó. Para la jueza, existe una cronología clara y bases sólidas para inferir la participación de Pierre García “en el entramado” de corrupción que rodeó el direccionamiento de 28 contratos y las acciones para beneficiar a un grupo de congresistas y contratistas.
“Considera este despacho que no es solo el dicho del señor (Pablo César Herrera Correa), sino que verdaderamente lo que él está diciendo, pues encuentra una corroboración, máxime cuando esta persona acudió en múltiples oportunidades en el DPS”, aseguró. “Así está en la base de datos”.
Igualmente, se tuvo en cuenta la declaración del contratista Alejandro Noreña, quien detalló la forma en quue actuaron los senadores para obtener millonarios contratos y exigir el pago de comisiones para su desviación a un grupo de empresarios y contratistas en los departamentos de Caldas, Valle del Cauca y Quindío, principalmente. Las pruebas indican que existió una clara “organización criminal”.
“Considera este despacho que si hubo ese interés, esa manifestación y exteriorización de un interés en la celebración del contrato al menos, durante la celebración del contrato interadministrativo”, aseveró la jueza. En este sentido, les dio validez a los testimonios presentados por la Fiscalía General sobre las reuniones que se adelantaron en la sede de Proyecta Quindío. Esta planeación y puesta en macha de la captación de contratos fue cuestionada por la funcionaria judicial. “Es absolutamente reprochable”.
Tras analizar la petición de la fiscal anticorrupción, la juez del caso manifestó que debido a la gravedad de los hechos narrados la medida de aseguramiento se hace necesaria, pero no en centro carcelario. La fiscal del caso anunció que presentará recurso de apelación en contra de esta decisión.
La delegada del ente investigador manifestó que pese a que durante la imputación de cargos, celebrada a mediados de diciembre, el procesado manifestó que se encontraba en su casa en Ibagué, Tolima, la evidencia señala que salió del país rumbo a Francia y hasta la fecha no se ha presentado una actualización migratoria frente a su regreso a Colombia.
La Fiscalía General le imputó, a finales de 2023, los delitos de concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. En la imputación, se señaló que, en su despacho del DPS en Bogotá, recibió a funcionarios, contratistas y congresistas interesados en los contratos del llamado Proyecta Quindío, que luego fueron adjudicados de manera particular con la “orientación” que previamente se acordó con el entonces funcionario.
Según la Fiscalía General, existe evidencia suficiente para inferir que García Jacquier tuvo interés directo en la celebración de millonarios contratos, haciendo parte de la red de corrupción que lideró durante muchos años el senador liberal Mario Alberto Castaño y en la cual habrían participado otros congresistas y dirigentes políticos del Quindío, Tolima y Cundinamarca.
“Esos senadores que estarían involucrados en estos hechos serían en primer lugar Mario Alberto Castaño Pérez, cuyo enlace corresponde al ciudadano Juan Carlos Martinez (...). También resultaron beneficiados otros tres senadores: Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez López y Juan Felipe Lemos Uribe”, aclaró la fiscal.