Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, reapareció ante la Corte Suprema para ampliar indagatoria por caso de corrupción

Esta semana el senador del Centro Democrático Ciro Ramírez se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para ampliar la indagatoria dentro del proceso por el que está, desde hace tres meses, tras las rejas: corrupción a través de contratos en el Departamento de Prosperidad Social.

Ramírez se presentó en compañía de su abogado para presentar sus evidencias probatorias frente a los hechos que investiga la Sala de Instrucción de la Corte Suprema. Con esto, el magistrado ponente deberá tomar en los próximos días una decisión de fondo, es decir, si llama a juicio al congresista o si archiva la investigación y por ende se ordena la libertad del dirigente político oriundo de Boyacá.

En el escrito de la Corte para ordenar en diciembre pasado la captura y medida de aseguramiento en centro carcelario contra el congresista, y que fue revelado en exclusiva por SEMANA, se cita la existencia de un soborno por mil millones de pesos para la entrega de contratos de infraestructura en diferentes departamentos.

“Se puede colegir, sin duda, que la permanencia del senador Ramírez Cortés en libertad representa un riesgo tangible para el acopio suasorio, pues ya ha intentado, por lo menos en una oportunidad, entorpecer la práctica de las pruebas”, concluyó la Corte tras analizar varias declaraciones y documentos.

El congresista, una de las caras más reconocidas del Centro Democrático siendo su vocero en temas trascendentales, es investigado por presuntamente participar en el direccionamiento de al menos 15 contratos, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022, en entidades del Estado en los departamentos de Tolima, Quindío y Valle del Cauca, por un valor cercano a los 90.000 millones de pesos.

El meollo del asunto tiene que ver con la celebración de los contratos 501 y 670 de 2011, firmados entre el Departamento de Prosperidad Social y la empresa Proyecta para la ejecución de obras por un valor cercano a los 70.000 millones de pesos. El nombre del senador apareció varias veces durante la investigación que se adelantó contra Pablo César Herrera, gerente de Proyecta; Katherine Rivera, quien trabajó en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), y el contratista Ánderson González.

La situación jurídica de Ramírez se torna más complicada si se tiene en cuenta la visita que hizo en la cárcel en 2022 a Herrera, el exdirector de Proyecta. El senador, según los registros de La Picota, se presentó como abogado y no como un visitante ocasional. La Sala expresó que la visita, además de “inusual”, tenía un interés por parte del senador. “Como le era previsible, la importancia del testimonio del exgerente de Proyecta y, por ello, decidió visitarlo”.

Esto, teniendo en cuenta que Herrera buscaba colaborar con las autoridades. “Lo vi muy preocupado, muy consternado, preguntándome que qué había pasado, ofreciéndome su ayuda y su apoyo, insistentemente me preguntaba si necesitaba algo, yo sentí que me estaba ofreciendo dinero”, aclaró el exgerente de Proyecta en su declaración.

En septiembre de 2021 tuvo lugar una reunión en el piso 16 del edificio de la Gobernación del Quindío, en el centro de Armenia, en la que habrían participado Herrera y el senador Ramírez. El encuentro había sido organizado por Alejandro Noreña, asesor del gerente, cuyo nombre también fue mencionado en el escándalo de corrupción de Las Marionetas, liderado por el fallecido y corrupto exsenador liberal Mario Castaño.

En la reunión, el gerente expuso los avances con la selección del contrato, por lo que manifestó la necesidad de buscar otro tipo de convenios. Un mes después se reunieron con Pierre Eugenio García Jacquier, exsubdirector del Departamento de Prosperidad Social, a fin de “discutir la posibilidad de suscribir otro contrato interadministrativo para favorecer los intereses electorales y económicos del procesado”.

Tan solo un mes después, y aprovechando la prescripción de la Ley de garantías, se firmó el contrato interadministrativo 670 de 2021 entre el departamento y Proyecta, por un valor cercano a los 48.660 millones de pesos.

Pocas semanas después se registró otra reunión entre Ramírez y García Jacquier para direccionar “por medio de invitaciones privadas” cerca de 13 contratos que tenían un valor de 24.606 millones de pesos para la intervención y obras en los municipios de Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar.