Cámara de Comercio respondió a Claudia López tras fuertes cuestionamientos en el caso de Doña Juana, ¿qué dijo?

En la mañana de este lunes 11 de julio, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció una demanda penal en contra del operador del relleno sanitario de Doña Juana, Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) y al mismo tiempo lanzó una fuerte crítica en contra de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) y su presidente, Nicolás Uribe.

De acuerdo con la mandataria, “los ciudadanos estamos siendo víctimas de corrupción y abusos por CGR. Le hemos pagado durante cuatro años a CGR, la porción de la tarifa que debe usar para pagar una planta de tratamiento de lixiviados para evitar que esos lixiviados lleguen al río Tunjuelo”.

López afirmó de manera tajante: “CGR se ha embolsillado 163.000 millones de pesos y no ha cumplido con la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados, ni con los estándares internacionales para el manejo de estos lixiviados. No ha cumplido con las obligaciones contractuales que debía cumplir en tres meses y ya han pasado cuatro años”.

La demanda en contra de CGR es por tres posibles delitos. “Hemos interpuesto denuncia penal contra el operador del Relleno Sanitario Doña Juana, por peculado, por la apropiación indebida de los 163.000 millones de pesos, porque no ha cumplido con la construcción de la planta de tratamiento de lixiviados”.

El segundo delito, según lo explicó la mandataria local, “es por presunto fraude procesal a resolución procesal, porque esta discusión fue objeto de un laudo arbitral en 2018, hace cuatro años un tribunal decidió que CGR debía cumplir del tratamiento de lixiviados, pero CGR le ha hecho fraude, no ha cumplido”.

“Y tercer delito, un presunto fraude procesal, porque CGR, en audiencia pública, acudió al Tribunal Superior de Cundinamarca a ofrecer información falsa con el objeto de inducir a error judicial para evadir su responsabilidad”, complementó.

En cuanto a la Cámara de Comercio de Bogotá, afirmó: “No contentos con la estafa, CGR sigue interponiendo demandas infundadas en contra de Bogotá, pero el contrato exige que deben ser demandas ante un tribunal de arbitramento, entonces pido a la Cámara de Comercio la mayor imparcialidad en la designación de jueces”.

López también lanzó el siguiente comentario en contra del presidente de la CCB: “Le ruego a Nicolás Uribe que dé garantías de que en la Cámara de Comercio no hay rosca y hay garantías de designación imparcial”.

Tras las afirmaciones, la Cámara de Comercio le respondió a la alcaldesa. En primera medida, la entidad aclaró que “la CCB, por medio de su Centro de Arbitraje y Conciliación (CAC), no participó en la designación de árbitros de este tribunal de arbitraje. La designación de árbitros se radicó el 5 de diciembre de 2019 de mutuo acuerdo entre las partes: la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y CRG - Centro de Gerenciamiento de Residuos”.

De igual manera, la Cámara de Comercio dejó claro que “el rol de la CCB es servir a la comunidad empresarial proveyendo su andamiaje institucional e infraestructura para el funcionamiento de espacios de arbitraje y resolución de conflictos a través de su Centro de Arbitraje y Conciliación. La CCB no es quien asume la función de administrar justicia”.

“Dentro de nuestras funciones están las de revisar la idoneidad de las personas que integran las listas de árbitros, capacitar a los interesados en temas de arbitraje y demás mecanismos de solución de conflictos, así como velar por el cumplimiento de las revelaciones de independencia e imparcialidad, entre otras”, agregó la entidad que lidera Nicolás Uribe.

Finalmente, la Cámara de Comercio de Bogotá enfatizó en que “los particulares que integran las listas CAC no tienen ninguna relación contractual con la CCB. Ellos son quienes cumplen con los criterios legales para ser designados como árbitros”.