Se trata de dos operativos que lideró la Fiscalía General de la Nación en contra de las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y el hurto en todas sus modalidades. Las organizaciones tenían a su servicio, según la investigación, a funcionarios de la Policía Nacional que facilitaban el tráfico de estupefacientes en diferentes sectores de Bogotá y Medellín, además del hurto en la ciudad de Cali. En la capital de Antioquia las ollas de droga eran el común denominador en barrios como Belén sin que la policía pusiera orden e impusiera su ley. Diez agentes corruptores pertenecientes a organizaciones criminales conocidas como “la cueva, el coco, el triángulo, Santa Fe, San Bernardo, la 24, Miami, Maema y Sancocho” que fueron impactadas por los agentes policiales. Los uniformados serán presentados ante un juez de control de garantías y se les acusará por concierto para delinquir agravado con fines de narcotráfico, cohecho, delitos contra la administración pública, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, pues los policías omitieron sus funciones para permitir homicidios, extorsiones y comercialización de drogas ejecutando acciones delictivas. Lo que logró conocer Semana Noticias es que a cada policía le pagaban hasta 3 millones de pesos para omitir sus funciones.
En Cali también se dio una operación, que se trabajó con Asuntos Internos de la Policía, denominada Operación Plenus en ofensiva contra la delincuencia en la capital del Valle. El trabajo se llevó a cabo de manera mancomunada con la Fiscalía y desarticularon una macroestructura delincuencial dedicada al hurto de residencias, capturando a 47 integrantes quienes perfilaban a sus víctimas, muchas de estas vinculadas con actividades delictivas.
Los capturados en el Valle del Cauca buscaban hurtar viviendas que eran propiedad en su gran mayoría de narcotraficantes, donde adecuaban caletas con importantes sumas de dinero, las cuales habitaban o arrendaban para no levantar sospechas.
El modus operandi, según informan desde la Policía, de estas estructuras criminales, era hurtar solamente dinero y joyas, sin considerar electrodomésticos, vehículos u otro tipo de elementos. Además, para evitar ser individualizados se apropiaban de los sistemas de grabación de cámaras de vigilancia.
La Policía conoció de hurtos superiores a los 500 millones de pesos, hechos que en gran parte no eran denunciados por el origen ilegal del dinero. Este aspecto beneficiaba a la estructura, sumado al favorecimiento de algunos uniformados de la institución, los cuales facilitaban todo el accionar de los delincuentes, quienes fueron capturados y presentados ante la justicia.
A diferencia de lo sucedido en Medellín y Bogota la investigación en Cali determinó que los policías actuaron de manera incorruptible, pues fueron ellos quienes alertaron sobre esta situación dando origen a un trabajo de Asuntos Internos de la Policía metropolitana desde su política integral de transparencia.
La investigación permitió conocer que los dineros producto del ilícito eran invertidos en préstamos, compraventa de vehículos y como estrategia acordaban no adquirir bienes suntuosos con el fin de no hacerse llamativos ante las autoridades y sus entornos. Esta organización abordaba a personas que conocían la existencia y ubicación de las caletas, a quienes ofrecían porcentajes muy representativos por información sobre las mismas; sin embargo, cuando la información era errada tomaban represalias que podían costarles hasta la vida.
Los integrantes de la estructura serán dejados a disposición de las autoridades por los delitos de concierto para delinquir agravado, porte ilegal de armas de fuego y hurto calificado, delitos que se suman a más de 110 procesos judiciales por otras conductas penales y más de 60 registros por comportamientos contrarios a la convivencia; por su parte, los uniformados responderán por prevaricato y cohecho por el favorecimiento a estos delincuentes.