Seis minas de carbón ubicadas en Cucunubá, Cundinamarca, quedaron bajo suspensión inmediata luego de que la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) encontrara graves afectaciones ambientales durante operativos de inspección.
Los hallazgos comprometen fuentes hídricas, suelos y zonas de vegetación nativa de este municipio de la provincia de Ubaté.
Seis minas operaban sin los permisos ambientales requeridos
Las inspecciones se realizaron en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, donde los funcionarios de la CAR evidenciaron que las explotaciones no contaban con los instrumentos ambientales necesarios para desarrollar sus actividades.
Entre las irregularidades identificadas estaban la ausencia de licencias ambientales, planes de manejo, concesiones de agua y permisos de vertimiento.
También se encontraron actividades mineras en terrenos que no contaban con los títulos correspondientes y, en algunos casos, dentro de áreas amparadas por contratos de concesión de terceros.
Ante este panorama, la autoridad ambiental ordenó detener inmediatamente las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos.
Además, anunció el inicio de procesos sancionatorios ambientales contra los responsables y advirtió que las investigaciones podrían involucrar a otros terceros que resulten comprometidos.
Sobre las medidas adoptadas, Julio César Sierra León, director de la regional Ubaté de la CAR, explicó que la autoridad ambiental ordenó detener las actividades en los socavones intervenidos e iniciar procesos sancionatorios contra los responsables.
«Ordenamos la suspensión inmediata de las labores de desarrollo, preparación, extracción y mantenimiento en los socavones intervenidos e iniciamos los correspondientes procesos sancionatorios ambientales contra los infractores», señaló el funcionario.
Sierra León también advirtió que las investigaciones podrían extenderse a otros terceros que resulten comprometidos en las afectaciones identificadas.
Alertan por daños en quebradas y vegetación nativa
Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es el impacto de estas explotaciones sobre los recursos hídricos de la región.
Los hallazgos se relacionan con la cuenca del río Alto Suárez y la subcuenca de la laguna de Cucunubá.
Entre los sectores afectados se encuentran áreas cercanas a las quebradas Palacios, Pueblo Viejo y Media Luna.
La CAR identificó que las minas no contaban con sistemas adecuados para manejar las aguas de escorrentía.
La falta de canales, cunetas y estructuras de sedimentación favorecía el arrastre de materiales provenientes de los patios de almacenamiento de carbón hacia las fuentes hídricas.
También se encontraron aceites usados, combustibles y lubricantes dispuestos directamente sobre el suelo, sin superficies impermeabilizadas ni mecanismos para controlar posibles derrames.
A esto se suma la remoción de vegetación nativa, la apertura de socavones y la disposición inadecuada de material sobrante de la explotación sobre potreros, laderas y zonas boscosas.
Estas intervenciones pueden favorecer procesos de erosión, deslizamientos y hundimientos del terreno.
Las inspecciones no se limitaron a los impactos ambientales.
La CAR también identificó condiciones de riesgo relacionadas con la operación antitécnica de algunos socavones y la presencia de minas abandonadas con deterioro y posibles derrumbes.
Otro hallazgo fue el aprovechamiento clandestino de rocas de protección y cuñas de superficie. De acuerdo con la autoridad ambiental, retirar estos elementos puede debilitar la estructura del terreno e incrementar el riesgo de movimientos en masa.
La situación cobra relevancia por los antecedentes de accidentalidad minera en el municipio.
El 14 de agosto de 2026, seis trabajadores fallecieron en una emergencia registrada en la mina Porvenir 1, ubicada en la vereda La Ramada.
¿Qué sigue para las minas suspendidas?
La CAR inició los respectivos procesos sancionatorios para establecer las responsabilidades por las afectaciones ambientales identificadas.
La suspensión ordenada obliga a detener las actividades en los socavones intervenidos. Sin embargo, esta medida no significa necesariamente que las seis explotaciones hayan recibido una orden de cierre definitivo.
Las investigaciones deberán determinar las responsabilidades de los involucrados y las medidas que correspondan conforme a la normativa ambiental.