La investigación en contra de Daniel Garcés, exembajador de Colombia en Ghana, es bastante grave. La Fiscalía le imputó cargos por violencia intrafamiliar agravada, acceso carnal violento agravado, fraude procesal y ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor.

Un listado de delitos que la Fiscalía usará para acusar a Garcés es largo, pero los aplazamientos de la audiencia han dificultado lo que parece tan simple, formalizar la acusación en contra del exembajador. Por tercera vez se aplaza la diligencia fijada para este viernes.
Las partes en este proceso, el mismo exgobernador, su defensa, las víctimas, la Fiscalía y la Procuraduría, tenían cita este viernes 23 de octubre para formalizar la acusación que radicó el ente acusador en contra del exfuncionario del gobierno de Gustavo Petro; sin embargo, un nuevo aplazamiento extiende y dificulta el avance del proceso.
“El exdiplomático es señalado de ejercer un ciclo de violencia física, psicológica, económica y sexual contra su pareja, entre 2011 y 2021. Ante las reiteradas agresiones, la mujer decidió separarse, pero los ataques e intimidaciones habrían continuado”, explicó la Fiscalía.

Completar la audiencia de acusación resulta indispensable para avanzar en el expediente; los términos siguen corriendo y los hechos son muy graves, de ahí que las víctimas insisten en la necesidad de advertir los riesgos de continuar con los aplazamientos y las responsabilidades que se derivan.
“Los elementos materiales probatorios indican que, inmediatamente la víctima inició una nueva relación sentimental, Garcés Carabalí presuntamente recurrió a testimonios falsos y pruebas cuestionables para instaurar acciones ante una comisaría y un juzgado de familia de Bogotá, y así obtener la custodia de sus hijos con el supuesto de que eran maltratados”, advirtió el ente acusador.

Hasta el momento no han fijado una nueva fecha para la diligencia de acusación, punto sustancial para continuar con las audiencias preparatorias y finalmente llegar a juicio en el que se pueda determinar la responsabilidad del exembajador en los delitos que fueron imputados y obtener una condena en su contra o, por el contrario, demostrar su inocencia.
