En manos del Tribunal Superior de Bogotá quedó la continuidad del juicio penal contra la exconsejera presidencial para las regiones Sandra Ortiz por su presunta participación en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo del Desastre (UNGRD).
Esto después de que la jueza octava especializada de Bogotá declarara “infundada la recusación” presentada por la defensa de la exfuncionaria.
Para la funcionaria judicial, el hecho que haya conocido varios apartes del proceso contra la exconsejera presidencial no afectan su criterio ni independencia de cara al proceso penal.
“Ninguna de las dos actuaciones adelantadas por la suscrita funcionaria cuando fungió como juez quinta penal municipal con función de control de garantías de Bogotá tuvo el alcance sustancial requerido para comprometer su imparcialidad”, señaló la jueza en la audiencia que se celebró este miércoles 11 de noviembre.
La jueza recordó que en la primera oportunidad se resolvió una solicitud de libertad por vencimiento de términos; mientras que en el segundo pronunciamiento se evaluó una aplicación de un principio de oportunidad.
“Con tal panorama se trató entonces de dos intervenciones desarrolladas en sede de control de garantías con objetos procesales autónomos y claramente delimitados, es decir, ninguna estuvo dirigida a resolver la existencia de los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos atribuidos a Sandra Ortiz”, enfatizó.
“Tampoco se efectuó una valoración anticipada acerca de la credibilidad de los testigos anunciados, de la capacidad demostrativa de los elementos materiales probatorios incorporados al escrito de acusación o de la suficiencia de la teoría del caso presentada por el ente acusador”, añadió.
Finalmente, la jueza advirtió que en todas estas intervenciones se protegió el derecho al debido proceso de la exfuncionaria y se blindó su defensa.
La acusación contra Sandra Ortiz
Sandra Ortiz fue acusada de haber planeado presuntamente la entrega de millonarios sobornos para favorecer la aprobación de proyectos de reforma en los cuales el gobierno de Gustavo Petro tenía un especial interés.
Los hechos materia de investigación se habrían presentado en octubre de 2023.
En ese momento, la exfuncionaria -en concertación con Olmedo López y Sneyder Pinilla- habría dado las instrucciones para enviarles 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, así como 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle.
En la acusación, la Fiscalía General señala que Ortiz habría prestado las camionetas que le adjudicó la Unidad Nacional de Protección (UNP) para mover el dinero en la ciudad de Bogotá.