Los reelectos congresistas Karen Manrique y Wadith Manzur fueron cobijados con una medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario por orden de la Corte Suprema de Justicia y en el marco de la investigación por el escándalo de la Unidad para la Gestión del Riesgo (UNGRD).

De acuerdo con la investigación que adelantó la Corte Suprema de Justicia, los dos parlamentarios habrían favorecido los intereses del Gobierno Nacional, a través de la aprobación de iniciativas en el legislativo y a cambio de proyectos en la UNGRD, lo que, en criterio del alto tribunal, se constituyó en un cohecho.
“La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, reunida en sesión extraordinaria, decidió acusar por el delito de cohecho impropio a cinco congresistas y un excongresista por la presunta aceptación de dádivas a cambio de comprometer su función como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público”, señaló la Corte.
Los dos congresistas se entregaron tras conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Fueron trasladados a la ciudad de Bogotá y al búnker de la Fiscalía, mientras el Inpec define su sitio de reclusión.

Sin embargo, su defensa se anticipó haciendo solicitudes puntuales a la Corte Suprema y al Instituto Nacional Penitenciario en el sentido de conseguir su reclusión en la guarnición militar. Fuentes de Inpec aseguraron que la decisión está prácticamente tomada, y los dos parlamentarios serán trasladados a un espacio de reclusión especial.
“La investigación corresponde a los hechos registrados durante el segundo semestre de 2023, cuando los legisladores, como integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, habrían aceptado ofrecimientos de funcionarios del Ministerio de Hacienda a cambio de conceptuar las operaciones de crédito que interesaban a esa cartera”, advirtió el alto tribunal.

Lo que aún no se define es cuál será ese sitio de reclusión, y de ser necesario trasladarlos a diferentes ciudades, donde las guarniciones militares dispongan de espacios o los cupos para mantener a congresistas privados de la libertad, como resulta ser el caso de Manrique y Manzur.
