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Centros Poblados: envían a la cárcel a implicado en la falsificación de la póliza

Jorge Enrique López Benavides se declaró inocente de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Se expone a una condena de 12 años de prisión.


“No acepto, su señoría”, de esta manera respondió a Jorge Enrique López Benavides a la pregunta de la jueza 18 de control de garantías de Bogotá. La Fiscalía General lo vinculó con el proceso por el polémico contrato que recibió la Unión Temporal Centros Poblados de parte del Ministerio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (MinTIC) para la construcción de 7.277 centros educativos virtuales en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada.

Una fiscal de la Unidad Anticorrupción le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado (a título de dolo) a Benavides, quien habría sido el encargado de falsificar tres pólizas de seguro del Banco Itaú, las cuales fueron presentadas por la Unión Temporal Centro Poblados (conformada por las empresas ICM Ingenieros, Intec de la Costa y Omega Buildings Constructora) en el proceso de licitación en noviembre de 2020 y así lograr una ventaja para recibir el contrato avaluado en 1,5 billones de pesos.

El ahora procesado, según señaló la delegada del ente investigador, sabía que con su actuar estaba induciendo en error a los funcionarios del MinTIC encargados de estudiar los documentos en el proceso de licitación. Benavides, según narraron varios testigos, había sido contactado por los empresarios Emilio Tapia Aldana, Juan José Laverde y Luis Fernando Duque Torres para que alterara tres documentos y los presentara como oficiales.

Con su experiencia, Benavides falsificó tres documentos en los que aparecía la firma de Luis Fernando Duque Torres en su condición de representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y supuestos funcionarios del Banco Itaú, esto con el único fin de darle apariencia de legalidad al proceso. Por todo esto, el ahora procesado recibió una bonificación económica.

“Garantía bancaria Itaú 202011531001 que ampara el buen manejo de inversión del anticipo por valor de 70 mil millones de pesos (…) y el cumplimiento general del contrato por un valor de 65 mil millones de pesos y la garantía bancaria pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones por 9.000 millones de pesos. Documentos todos de fecha 18 de diciembre de 2020 suscritos por Luis Fernando Duque Torres en su condición de representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020 y supuestos funcionarios del Banco Itaú”, precisó la fiscal.

“Tenían el pleno conocimiento que con las garantías de cumplimiento estaban haciendo inducir en error al funcionario público anteriormente mencionado para que se diera apertura al contrato a través del acta de inicio”. Los empresarios ya sabían que el beneficiario del contrato iba a recibir un anticipo de 70 mil millones de pesos para la compra de equipos.

En el caso de Benavides se indica que “como particular” interesado en el proceso de licitación adelantó las acciones pertinentes para falsificar las actas que se consideraban necesarias para recibir el mencionado aval del MinTIC. De ser hallado culpable, Benavides se expone a una condena que va entre los seis y los doce años de prisión.

Por considerar que representa un peligro para la sociedad y que puede afectar el desarrollo de la investigación por este escándalo de corrupción, la jueza de garantías ordenó enviarlo a la cárcel como medida preventiva. La defensa de Benavides anunció recurso de apelación en contra de esta decisión.