Por los delitos de falsedad ideológica en documento público y fraude procesal fueron acusados este viernes el mayor de la Policía, Carlos Andrés Correa y los patrulleros Jhon Fredy Correa y Dana Canizales. Según la Fiscalía General, estas personas fueron clave en el entramado para interceptar, de manera ilegal, las líneas telefónicas de Marelbys Meza y Fabiola Perea, quienes laboraban en la casa de Laura Sarabia, entonces jefa de Gabinete de Gustavo Petro.
Fiscalía acusó a un mayor y dos patrulleros de la Policía por las "chuzadas" a Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3FbBFy0R9d
— Revista Semana (@RevistaSemana) April 19, 2024
Lograron falsificar documentos de inteligencia para que los números de Meza y Perea se anexaran a una investigación en contra de alias Siopas, el temido comandante del Clan del Golfo. Para lograr esto, incluso se inventaron los alias de La Madrina y La Cocinera, para que un fiscal del Chocó ordenara la interceptación de estos abonados telefónicos.
Con esta acción, según reclamó la fiscal en la presentación del escrito de acusación, se buscaba obtener información sobre la pérdida de una maleta con dinero en efectivo y documentos que estaban en el apartamento de Laura Sarabia y el cual se extravío a comienzos de enero de 2023, caso que fue revelado en exclusivo por SEMANA.
“Indujeron al error al fiscal 191 para obtener la información de interceptación”, precisó la fiscal al presentar la acusación en contra de los tres policías. Para lograr esto, además de realizar una división de funciones, se presentaron varios intentos con el fin de falsificar los informes y lograr que los dos abonados telefónicos fueran interceptados.
Según las pruebas documentales y testimoniales citadas en la acusación, la patrullera Dana Canizales Bonilla, al parecer, con documentos falsos lograron que un fiscal de hurtos de la Seccional Bogotá ordenara intervenir las líneas celulares de Marelbys Meza y una persona muy allegada con el fin de recopilar información.
La Fiscalía estableció que los uniformados habrían inducido en error a los fiscales, quienes creyeron en sus solicitudes; y a los jueces de control de garantías que legalizaron las interceptaciones telefónicas. Sin embargo, estas fueron suspendidas al darse cuenta que nada tenían que ver con la investigación contra alias Siopas.
Por estos mismos hechos serán acusados prontamente un intendente de la Policía y una fuente humana que se habrían prestado para la falsificación de los informes y la entrega de documentación totalmente falsa para lograr las interceptaciones telefónicas.
Desde un principio, Marelbys Meza fue señalada de haber participado en el robo de este maletín, situación por la cual -en hechos materia de investigación- fue trasladada por agentes de la Policía hasta la Sala Galán, ubicada en inmediaciones a la Casa de Nariño, en el centro de Bogotá, para ser sometida a una prueba de polígrafo.
Todo esto, pese a que no era funcionaria pública ni los hechos tenían relación con temas de “seguridad nacional”. El coronel Carlos Alberto Feria, jefe de seguridad de la Presidencia, habría -según la Fiscalía General- liderado esta prueba de polígrafo junto a varios oficiales de su máxima confianza.
El desarrollo de este proceso está en vilo después que la Justicia Penal Militar reclamara su conocimiento advirtiendo que los hechos investigados se enmarcan en “actos de servicio”. La Corte Constitucional está evaluando actualmente este conflicto de competencias.
