Cinco presos se fugaron en medio de terrible motín en cárcel de Tumaco; hay un dragoneante del Inpec desaparecido

En las últimas horas, en medio de un motín, reclusos de un establecimiento carcelario de Tumaco (Nariño), intentaron fugarse. El coronel Daniel Gutiérrez, director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), confirmó el suceso; indicó que además retuvieron a funcionarios del Inpec.

“Lamentamos informarle a la opinión pública de una situación difícil que se presenta en este momento en el establecimiento de Tumaco. Al parecer, unos privados de la libertad hacen un motín y quieren fugarse; parece que en ese momento retienen a unos de nuestros funcionarios”, confirmó el director.

Gutiérrez también agregó que el director regional ya se está trasladando hasta el sitio para poder establecer la veracidad de los hechos y las novedades. “También ya está la Policía Nacional y la Armada Nacional, verificando efectivamente la situación con todos los apoyos que sean necesarios”, dijo.

El coronel manifestó que, mientras tanto, él y su equipo se encuentran en el lanzamiento de una mesa de paz en la que hay un desarme de parte de los privados de la libertad.

Por ahora, hay reporte de cinco fugados, dos guardianes del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, heridos. Y otro guardián se encuentra desaparecido.

“Desafortunadamente está pasando esa situación en Tumaco. Vamos a establecer un Puesto de Mando Unificado (PMU), para poder entablar comunicación y precisar efectivamente qué es lo que está pasando”, concluyó.

Esta situación se da en medio de una de las peores crisis carcelarias y penitenciarías en la historia reciente del país. Incluso, recientemente, el ministro de Justicia, Néstor Osuna hizo una propuesta para que se defina la situación jurídica de 180.000 personas que permanecen privadas de la libertad.

Según Osuna, es necesario hacer este conteo con el fin de definir los casos de personas que deben seguir en los centros carcelarios de Colombia y quienes pueden recibir beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional con el brazalete electrónico.

Por esto les pidió a todos los consultorios jurídicos de las universidades públicas y privadas del país que los acompañen para la definición de la situación jurídica de esas 180.000 personas. “Nos acompañen con abogados voluntarios porque no es suficiente el personal para hacer un censo fidedigno”.

El objetivo de esta propuesta es verificar la situación individual de cada uno de los reclusos y determinar si se les puede conceder o no un beneficio. Esto ante la terrible situación de hacinamiento que se viven en la mayoría de centros caseros del país, en los cuales el número internos triplica el cupo establecido.

La situación es más grave aún si se tiene en cuenta, según dijo el Ministro, que el reporte parcial indica que hay un número significativo de personas que ya tienen derecho a su libertad y siguen detenidos. Frente a esto se busca establecer qué personas están en esa situación.

Así como aquellas que ya cumplen con los requisitos para tener el beneficio de casa por cárcel o una libertad parcial, es decir, que puedan salir entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p. m. para realizar diferentes actividades como trabajo o estudio.

“Hay detenidos en estaciones de Policía y centro de detención transitoria, conocidos como URI, donde el hacinamiento es del más del 170 %, una situación catastrófica (…) es una negación absoluta de los derechos humanos de las personas detenidas”, precisó el jefe de la cartera de Derecho.

Según las cuentas parciales, a corte del 31 de agosto del presente año, 180.000 personas están privadas de su libertad en los diferentes centros carcelarios y penitenciarios del país, 60.000 en detención domiciliaria y cerca de 120.000 permanecen en las cárceles manejadas por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), las alcaldías y gobernaciones.

Una de las estaciones de Policía que representa esta dramática situación, es la de La 19 de Riohacha, La Guajira. Según la Defensoría del Pueblo, existe un hacinamiento del 2000 por ciento, situación que afecta considerablemente la calidad de vida de esas personas que no cuentan con condiciones de salubridad, alimentación y muchos menos de atención de salud.