El Gobierno de Colombia se mantiene férreo en la defensa del régimen que, hasta hace apenas unos días, estaba en cabeza de Nicolás Maduro en Venezuela. Esta vez, el escenario de respaldo fue, nada menos, que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde la embajadora Leonor Zalabata rechazó con contundencia la detención de Maduro por parte del Gobierno de Estados Unidos.
En la reunión extraordinaria de la Asamblea, de la que este año Colombia forma parte como miembro invitado, la embajadora Zalabata afirmó: “Todo esto representa evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana. No existe justificación alguna en ninguna circunstancia para el uso unilateral de la fuerza ni para cometer un acto de agresión”.
Aunque es claro que en Venezuela no fue respetado el resultado de las elecciones de 2024 y que Nicolás Maduro se mantuvo en el cargo de forma arbitraria ―incluso que se asesinaron, capturaron y torturaron a opositores y ciudadanos por no estar de acuerdo con el régimen―, para Colombia resulta evidente que, en la operación de captura de Maduro, se violó la soberanía y la Carta de la ONU. Incluso, Zalabata calificó la situación como uno de los peores momentos de injerencia en la región.
“Estas acciones recuerdan los peores momentos de injerencias en la política latinoamericana y del Caribe, y constituyen una clara amenaza a la preservación de la región como una zona de paz”, declaró la representante colombiana.
“Es importante, además, dimensionar lo que esta situación significa para la paz y la seguridad internacionales, más allá de nuestra región, especialmente cuando un miembro permanente del Consejo de Seguridad toma la decisión de hacer uso de la fuerza y asumir control de manera unilateral de otro Estado soberano con el objeto, entre otros, de apropiarse de recursos naturales o estratégicos”, añadió Zalabata Torres.
Previamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exhortó a “respetar los principios de soberanía, independencia política e integridad territorial de los Estados”, según declaraciones leídas en su nombre por la subsecretaria general, Rosemary DiCarlo.
La operación militar de Estados Unidos provocó la condena de gobiernos de izquierda de la región, como Colombia, México o Brasil, y el apoyo de los aliados de Washington, como Argentina o El Salvador.
Zalabata agregó que la Carta de las Naciones Unidas solo permite el uso de la fuerza en circunstancias excepcionales, como la legítima defensa, y no para tomar el control político de otro Estado, y que la incertidumbre causada por los “ataques” podría desencadenar una gran afluencia de migrantes, lo que requeriría importantes recursos para apoyar a las comunidades de acogida.