¿Cuándo se dañó ese sistema de atención y prevención de desastres que se creó luego de la erupción del nevado del Ruiz en 1985, que costó la vida a 25 mil personas? Fui testigo y partícipe indirecto de ambos hechos, apoyé su creación y ayudé un poco para su desarrollo desde el Noticiero Nacional, desde la subdirección de Meteorología del Ideam y como profesional vinculado con el mayor número de desastres que se presentan cotidianamente en Colombia: los de origen hidrometeorológico. La denominada Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres de Camilo Cárdenas, dependiente de la Presidencia de la República, fue un ejemplo de buenas intenciones para un país sacudido frecuentemente por eventos extremos de la naturaleza. El 96,4 % de ellos son causados por las lluvias de nuestros generosos inviernos y por la altísima vulnerabilidad que caracteriza a las miles de poblaciones y los millones de personas que las habitan en condiciones de exposición permanente, un asunto que no ha tenido y, creo yo, no tiene solución. La pobreza y las necesidades de tantos colombianos los hacen buscar ubicar sus viviendas al lado de las corrientes de agua que fluyen, especialmente en la región andina, por miles. Son casi 900.000 entre ríos, riachuelos y quebradas, que en temporadas invernales bajan con caudales enormes arrastrando casas y ranchos en su desbocado avance hacia abajo, buscando abrirse paso sin culpa. No es la naturaleza la responsable de estos desastres, sino la gran vulnerabilidad que coloca a esos millones en riesgo.
La Oficina se convirtió en la Dirección General de Prevención y Atención de Desastres (DGPAD) y el Sistema se fortaleció, siendo admirado y copiado por otros países de la región. Omar Darío Cardona dirigió luego a la DGPAD imprimiéndole un carácter científico al proceso, convirtiendo —no sin dificultades— a Colombia como uno de los más avanzados en la materia. Pero en Colombia adolecemos de gestión del riesgo, porque no hay voluntad ni dinero para acometer esa tarea tan gigante de reducir vulnerabilidad. Sin embargo, se creó la pomposa e inútil Unidad Nacional Para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad que poco ha podido hacer para solucionar las inundaciones de la Mojana, de los ríos Magdalena, Cauca, Sinú, Bogotá, Chicamocha y de los otros miles que fluyen montaña abajo hacia zonas planas, y menos para evitar tanta destrucción y pérdida de vidas con cada terremoto. Son los terremotos los eventos de origen natural que causan mayor pérdida de vidas y de bienes de los colombianos, pero no los más frecuentes y cotidianos como los hidrometeorológicos, aunque con pocos muertos. Se ha estimado que cada año se presentan más de 600 eventos asociados con el clima, que causan el mayor sufrimiento de miles de familias que habitan en proximidad de las riberas. Los terremotos son poco frecuentes y de alto impacto, como el que acaba de afectar al occidente colombiano, y las erupciones volcánicas como la del Ruiz, mucho menos frecuentes, aunque ha sido la peor tragedia que ha afectado a Colombia.
¿Dónde quedó ese sistema nacional que coordinaba a gran cantidad de entidades, institutos y organismos para atender los desastres? Tristemente debemos reconocer que sucumbió en manos de políticos y politiqueros. Aquellas épocas en que se hacían encuentros nacionales de todas las entidades del sistema para mantenerlas unidas y coordinadas, bajo la conducción de Eduardo José González —uno de sus más recientes directores—, desapareció porque desde la Presidencia hacia abajo vieron en la UNGRD la caja menor para comprar conciencias y lograr sus objetivos legislativos.
La Mojana sigue inundándose, porque allí lo que hay que hacer no es tapar rotos por donde se mete el agua a las ciénagas, sino trasladar a los habitantes que se instalaron allí a zonas seguras no inundables. Esas tierras fertilísimas pueden seguir cultivándose, pero sin poblaciones. Las riberas del Magdalena, Cauca, San Jorge y otros ríos seguirán inundándose en las temporadas invernales, dejando damnificados a las mismas poblaciones, los mismos barrios y las mismas familias todos los años, a menos que se reubiquen hacia zonas no inundables. De acuerdo a la tendencia actual institucional y con la pérdida de capacidades de entidades como el Ideam e Ingeominas estamos muy lejos de evitar, mitigar o minimizar los efectos de terremotos, inundaciones, marejadas, tsunamis, sequías, huracanes, erupciones volcánicas, entre otros. Es triste decirlo, pero se está muriendo el sistema nacional de prevención y atención de desastres o ‘de gestión del riesgo’, en un país donde se presentan todo tipo de desastres.
El doctor Abelardo De La Espriella llegó realmente, no como presidente de la República, sino como nuevo director de desastres para atender no solo los de origen natural, sino tambien los de origen político, económico y social, en un país con un futuro incierto. Lo que está haciendo el presidente es lo que debería estar haciendo el jefe de la UNGRD.
Es hora de hacer un reajuste institucional del Estado, como bien lo ha propuesto Abelardo, fundiendo todos los sistemas de alertas por fenómenos naturales en una sola entidad: el Instituto Nacional de Alertas (Inale). Allí estarían la Meteorología e Hidrología del Ideam, la red sismológica de Ingeominas, los centros vulcanológicos, el Centro de alertas por tsunamis y meteomarinos (marejadas, mareas ciclónicas). Es una necesidad del país juntar todas estas alertas en un solo sitio para no estar quejándonos de la reducción del presupuesto para atender y mantener las redes de toma de datos en institutos mal organizados desde la Constitución del 91 y para asegurar, en la medida de lo posible, la emisión oportuna de informes, reportes, avisos y alertas a la población.
Colombia se ve afectada por crecientes y desbordamientos de ríos, deslizamientos, avalanchas, tornados, huracanes, marejadas, tsunamis, erupciones volcánicas, terremotos, sequías e incendios forestales. Los fenómenos de El Niño y La Niña nos hacen dar un paso atrás en el desarrollo del país cada vez que se presentan; hemos tenido dos tsunamis devastadores en Tumaco y otras poblaciones del Pacífico en 1906 y 1979; los terremotos de Popayán, el Eje Cafetero, Neiva, Bogotá y otros, nos mueven el piso con relativa frecuencia, y el Ruiz nos pegó más duro que los demás. Las marejadas y lluvias asociadas con el acercamiento de frentes fríos por el Caribe generan graves consecuencias como la de este año en Urrá y Córdoba, o la de Tumaco en enero de 1983, como consecuencia del desbalance causado en el océano Pacífico por uno de los Niños más fuertes de la historia. Los tornados en Barranquilla cada vez más frecuentes en mitad de año, que también se han registrado en Tunja, Pasto y Bogotá (con menor intensidad) por aumento de las temperaturas del planeta. Los huracanes del Caribe como Beta del 2005 y, sobre todo, el Iota del 2020, nos dejaron expuestas a las islas de San Andrés y Providencia. De los casi 650 sistemas ciclónicos presentados en los últimos 60 años, unos 25 de ellos han estado sobre las islas colombianas, o cerca de La Guajira, un 4 % del total. No es una amenaza grande, pero con uno solo, el Iota, se destruyó el 90 % de la infraestructura de Providencia. Y ahora, los Niños y Niñas nos afectan gravemente la economía agropecuaria, la producción hidroeléctrica, el suministro de agua a la población y nos causan incendios forestales por doquier. Se necesita tener institucionalidad para todo esto. ¿O no?