El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su opinión en redes sociales a la medida de aseguramiento domiciliaria dictada por el juez 27 penal municipal con función de control de garantías a Miguel Quintero Calle por el escándalo de corrupción del Área Metropolitana.
“Prisión domiciliaria para Miguel Quintero, el hermanito del jefe de la banda, por intervenir en la contratación y crear con sus “amiguitos” un entramado para direccionar contratos y cobrar coimas del 15 %. No estoy de acuerdo con que cumpla medida de aseguramiento en la casa que construyó con los recursos que se robaron de Medellín y que tanto les chicaneaba a sus “amiguitos”. Y menos porque dentro del proceso se advirtieron presiones sobre testigos y riesgos de obstrucción a la justicia. ¿Y desde la casa no puede seguir haciéndolo?“, dijo el mandatario.
Sin embargo, también reconoció que esa decisión es un paso para castigar a los responsables del desfalco en el Área Metropolitana en el periodo de Daniel Quintero Calle como alcalde.
“Tampoco voy a desconocer lo que significa la decisión: hay una orden de captura contra Miguel Quintero y tendrá que responder privado de la libertad mientras avanza el proceso. Ya hay personas que hicieron parte de ese entramado colaborando con la justicia, entregando información y contando lo que pasó. El cerco se sigue cerrando. Falta mucho. Falta que respondan todos los que participaron, recuperar hasta el último peso que se robaron de Medellín. Pero hoy estamos un paso más cerca”, añadió.
Por último, señaló que “la casa por cárcel no es el final, es otra escala en el camino y el camino de los “Hermanitos Q” los lleva derechito al Pabellón Q de la megacárcel que estamos construyendo. Les tenemos reservada una celda con vista a Medellín para que nunca se les olvide lo que le hicieron a esta ciudad”.
Miguel Quintero Calle es investigado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Aunque él se declaró inocente, el ente acusador lo señala de ser el determinador de la conducta criminal.
La Fiscalía estableció cómo se estructuraron esos contratos por un monto de 17.000 millones de pesos y cómo se movieron esos recursos, presuntamente, para que Miguel Quintero Calle se apropiara del 15 %, es decir, 2.481 millones de pesos: 1.654 millones de pesos en provecho propio y 827 millones en favor de terceros.
En la misma audiencia, realizada este viernes, 2 de octubre, el juez se abstuvo de dictar una medida de aseguramiento a Sebastián de Dios Ortega Urán, uno de los cuatro investigados en ese caso.