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   La JEP confirmó que existen 138 proyectos restaurativos y 185 más están a la espera de su certificación. Solo dos son de la fuerza pública.
La JEP confirmó que existen 138 proyectos restaurativos y 185 más están a la espera de su certificación. Solo dos son de la fuerza pública. - Foto: DANIEL JARAMILLO / juan carlos sierra-semana

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Víctimas de la Fuerza Pública denuncian retrasos en las investigaciones de la JEP

Cuanto más tarde la Jurisdicción Especial para la Paz en resolver los casos de comparecientes de la fuerza pública, las víctimas del conflicto tendrán que seguir esperando para ser reparadas.

Los comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pueden resarcir sus errores y delitos, entre diferentes medidas, con trabajos restaurativos para la comunidad. Pero miembros de la fuerza pública investigados denuncian retrasos de los magistrados en sus sentencias y lineamientos de los proyectos reparadores a la sociedad. De igual manera, consideran que para el Gobierno nacional ha sido prioridad apoyar con recursos y acompañamiento integral a los comparecientes de la extinta guerrilla de las Farc-EP. Según ellos, hay un trato diferencial con los militares que habrían participado en crímenes desde las filas de las Fuerzas Armadas, situación que consideran discriminatoria. El problema de fondo es que los retrasos en tales trabajos sociales afectan directamente a las víctimas.

Sobre el tejado de una de las escuelas de Chiquinquirá, Boyacá, está el sargento (r) José Miguel Doza, arrodillado y con claras heridas de quemaduras en sus rodillas y rostro por pasar seis horas en la misma posición mientras arregla las instalaciones de la institución educativa. Lo investigan en la JEP por un caso de falso positivo ocurrido en Antioquia en 2008, cuando pertenecía al Gaula Militar. Analiza durante horas su situación. Por un lado, está agradecido con la JEP, pues su caso es visto desde la realidad del conflicto. Pero a la vez cuestiona el silencio, que se hace eterno, para saber si el proyecto que adelanta es válido y critica la falta de articulación del Ministerio de Defensa con otras entidades a fin de facilitar el desarrollo de las iniciativas que favorecen a los más vulnerables.

Golpeó puertas buscando respaldo a su proyecto para reparar ocho escuelas. El alcalde del municipio boyacense donó la pintura, pero el resto de las herramientas, como compresores y guadañas, debe comprarlas con su propio dinero. Él y su esposa son la mano de obra. “Es duro, pero cuando los niños me dicen: ‘don José, le está quedando bonito’, siento que vale la pena”, afirma el exmilitar, que hace su proyecto restaurativo de manera anticipada. No sabe si la JEP se lo apruebe, porque, al igual que miles de compañeros, está esperando que le den lineamientos. Doza decidió arrancar de una vez, “no puedo esperar años hasta que la JEP me diga qué hacer, porque ni siquiera sé si tendré vida”.

Se podría decir que el sargento ha contado con más suerte que sus compañeros. El soldado Fabián Delgado, investigado por hechos similares en Florencia, Caquetá, ha intentado llevar a cabo un proyecto de capacitación a víctimas del conflicto en artesanías, aunque no ha encontrado apoyo. Le aseguran que los proyectos que pueden aprobar son para exguerrilleros. “Para ellos sí hay recursos”, dice con frustración. De 3.482 miembros de la fuerza pública que comparecen ante la JEP, 2.066 reciben asesoría del Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública (Fondetec). Y allí aseguran que de 100 proyectos formulados ante la JEP solo 10 han tenido algún tipo de respaldo para ejecutarlos.

Lo que muchos indican es que la Jurisdicción Especial para la Paz no les ha definido a los comparecientes de la fuerza pública su futuro, pese a que en su mayoría han hecho aportes a la verdad y se encuentran desarrollando proyectos reparadores. Frente a la polémica, el Gobierno manifiesta que no hay manera de poder gestionar recursos o apoyo a proyectos anticipados, pues no se sabe cómo juzgará la JEP cada caso. La demora está, sobre todo, en mandos medios o rangos de base. Así que la solución para que las víctimas se vean beneficiadas con la justicia restaurativa está en desenredar los casos que esperan para ser juzgados en dicha jurisdicción.

La JEP le confirmó a SEMANA que a la fecha se han certificado 138 trabajos, obras y actividades que realiza el compareciente para restaurar o reparar el daño causado (TOAR) y hay 185 solicitudes más de las cuales 183 son de excombatientes FARC y 2 corresponden a miembros de fuerza púbica. En la JEP, 47 de los proyectos se encuentran en proceso de documentación y elaboración de informe de certificación.