El 4 de abril de 2025 se conoció uno de los casos más controversiales de los últimos años en Colombia: el asesinato de Sara Millerey, una mujer trans de 32 años que residía en Bello, Antioquia. Se identificaron varios agresores dentro del hecho, pero solamente dos de ellos pudieron ser capturados.
La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación mantienen activas las órdenes de captura en contra de los otros presuntos agresores identificados en el material audiovisual.
Este acontecimiento impactó a la sociedad colombiana por la violencia ejercida por los perpetradores. Según la Fiscalía, los presuntos culpables la habrían retenido y golpeado hasta causarle fracturas en sus piernas, brazos y tórax, para, posteriormente, arrojarla a la quebrada La García.
Millerey fue hallada con vida, horas después, por unidades de búsqueda y sus familiares, aunque la trasladaron a un centro de salud. Debido a sus heridas y a una fuerte infección adquirida por el agua del lugar, falleció el 6 de abril de 2025.
El caso levantó revuelo en varios sectores, principalmente porque la agresión fue grabada y difundida por redes sociales, causando la indignación de la comunidad.
A más de un año del acontecimiento, vuelve a estar en la mira pública debido a que Juan Camilo Muñoz Gaviria, conocido como alias Teta, y Juan David Echavarría Zapata, alias Chuky, los dos únicos capturados por el asesinato de Millerey, podrían ser dejados en libertad.
Durante la investigación, Muñoz y Echavarría fueron identificados como presuntos integrantes del grupo delictivo El Mesa, una estructura de crimen organizado responsable de homicidios, tráfico de estupefacientes, tortura y extorsión.
Actualmente, ambos se encuentran en prisión preventiva, pero por el poco avance que ha tenido el juicio existe la posibilidad de que se apeguen al vencimiento de términos, una garantía del derecho penal colombiano. Esto ocurre cuando el Estado supera los plazos máximos fijados por la ley para juzgar a un detenido sin haber dictado una sentencia en su contra.
En el caso de que se aplique esta figura, los procesados no serán considerados inocentes; seguirán vinculados a la investigación, pero en libertad y sin la medida de prisión carcelaria.
El abogado de las víctimas, Saúl León, ha declarado que el proceso se ha visto retrasado porque la defensa de los acusados ha suspendido las audiencias por más de 12 meses, lo que ha dificultado el proceso.
Aunque la decisión final todavía no ha sido tomada, ya se han levantado las alarmas por parte de la comunidad sobre la posibilidad de que se aplique el vencimiento de términos; aun así, la última palabra la tendrá un juez.
Este caso ha ayudado a exponer más denuncias sobre violencia contra las personas trans, además de impulsar un nuevo proyecto de ley: la Ley Sara Millerey, iniciativa que busca establecer un marco integral para los derechos de las personas con identidades de género diversas.
La propuesta fue creada con la ayuda de distintos activistas y movimientos trans; originalmente, se radicó en 2024, pero tras el asesinato de Millerey, fue nombrada en su honor. Su objetivo principal es eliminar todas las formas de exclusión, injusticia y discriminación hacia estos grupos.