Vuelve y juega. Por segunda vez en menos de un año, el Congreso hundió el proyecto que regula el consumo de cannabis por parte de los adultos en Colombia.
La iniciativa buscaba crear una excepción en el artículo 49 de la Constitución para permitir el porte y consumo de cannabis por parte de mayores de edad.
Básicamente, lo que se buscaba era que quien consuma marihuana en el país pueda ir a adquirirla a sitios previamente regulados para ello y no, como sucede hoy en día, acuda a expendios ilegales.
Según quienes lo impulsaban, esto podría traer algunos beneficios como quitarle el mercado a las mafias y generar ingresos de esa comercialización.
Sin embargo, del otro lado diferentes sectores refutan que podría darle cabida a que haya un mayor consumo y, por lo tanto, adicciones y problemas de salud, así como un mayor riesgo de que los menores de edad puedan consumir este tipo de sustancias. Y esta fue la tesis que se impuso finalmente en la Plenaria de la Cámara, que le dio sepultura al proyecto.
“No podemos promover este consumo irresponsable sin ninguna garantía y sin ningún enfoque hacia la prevención que es lo que el país necesita”, expresó la representante de Cambio Radical Ángela Sánchez, quien desde un principio pidió el archivo de la reforma.
En un sentido similar se pronunció el congresista conservador Buenaventura León, quien consideró que aprobar esta propuesta incentivaba el narcotráfico.
“El Cannabis es la sustancia ilícita con mayor consumo y con unas consecuencias nefastas. Encontramos que permitir esta reforma constitucional traería un incremento en la demanda, y esto va asociado al narcotráfico”, indicó Buenaventura León.
En contraposición, el representante liberal Juan Carlos Losada, autor del proyecto, lamentó lo sucedido y aseguró que regular el consumo de esta sustancia traería importantes beneficios económicos.
“Despenalizar el uso adulto del cannabis nos dará la oportunidad única de ingresar a un mercado que se estima llegará a los USD $50 mil millones en Estados Unidos y de los que Colombia podría obtener $250 millones de dólares en el año 2025″, apuntó Losada.
Además de permitir el consumo recreativo del cannabis, el proyecto establecía que el Estado debe garantizar el tratamiento de las personas dependientes y que este debe formular, divulgar e implementar una política pública estricta en torno a la prevención y atención del consumo de cannabis.
Además, procuraba la limitación del consumo en entornos escolares y zonas comunes, entre otros espacios.
De esta manera, como ha venido siendo tendencia, el Congreso mantiene su posición de evitar ‘meterle mano’ a la reglamentación de asuntos relacionados con las libertades sociales, como el consumo de cannabis, la eutanasia y el aborto.