La Contraloría General de la República archivó una investigación preliminar relacionada con la polémica venta del 82.16% de las acciones que poseía la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la Empresa de Servicios Públicos de Barranquilla ‘Triple A’. Según el organismo de control, no se encontraron irregularidades en dicha transacción, que fue acordada en diciembre de 2021 por el entonces director de la SAE, Andrés Ávila, y la empresa ‘K-Yena’, en la que participa el Distrito de Barranquilla.
En aquel momento, durante el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, la venta se realizó por un valor de 565 mil millones de pesos. Sin embargo, el actual director de la SAE, Daniel Rojas, alegó que hubo un posible detrimento patrimonial, ya que, según sus cálculos, el valor de las acciones era de aproximadamente 1.9 billones de pesos, lo que desencadenaría un presunto detrimento y peculado por apropiación a favor de terceros.
Frente a lo sucedido, el presidente Gustavo Petro respaldó las denuncias; sin embargo, tras efectuar las pesquisas, la Contraloría General resolvió el caso concluyendo que la valoración de las acciones no fue incorrecta y, por lo tanto, no se produjo ningún detrimento patrimonial.
“Se reitera que en los hechos investigados en la presente actuación no existen irregularidades en el contrato de compraventa de las acciones pertenecientes a la Sociedad De Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. ESP. - Triple A S.A. ESP, debido a que el valor se fijó acorde al estado y situación en que se encontraba la compañía a la fecha de la suscripción del contrato”, determinó la Contraloría.
De igual forma, el organismo de control estableció que “al no existir daño patrimonial al Estado, no es necesario determinar si existen indicios serios de los presuntos responsables fiscales, segundo presupuesto para abrir proceso de responsabilidad fiscal”.
“Por lo tanto, en la presente actuación, de acuerdo con la valoración del material probatorio decretado y practicado, no existen pruebas que determinen la existencia del daño al patrimonio público, razón por la cual se procederá a proferir auto de archivo, pues no se dan los elementos establecidos en el artículo 40 de la Ley 610 de 2000 para la apertura del proceso de responsabilidad fiscal”, concluyó la Contraloría.
Aunque ante la decisión no procede ningún recurso, la entidad dejó claro que podría haber una reapertura de la indagación preliminar, siempre y cuando “aparecieren nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos que sirvieron de base para el archivo de la presente actuación o se demuestre que la decisión se basó en prueba falsa”. En tal caso, “se ordenará la reapertura de esta Indagación Preliminar, de conformidad con el artículo 17 de la Ley 610 de 2000″.
Finalmente, la Contraloría ordenó remitir el expediente en su integralidad a la Contraloría Delegada Sector Justicia perteneciente a la Contraloría General de la República, quien fue la encargada de adelantar el proceso. De igual forma, también pidió remitir el expediente a la Procuraduría General y a la Fiscalía General.
El 16 de febrero de 2023, la SAE suscribió un acuerdo en el cual se comprometió a entregar las acciones vendidas según las pautas establecidas para la transacción.
Cabe recordar que, debido a esta controversia en torno a la venta de acciones y a la negativa de concretar la transferencia, la Procuraduría suspendió al director de la SAE, Daniel Rojas, por un período de tres meses.