En la tarde de este viernes, 9 de octubre, los excongresistas Iván Name y Andrés Calle, dos de los principales protagonistas en el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quedaron en libertad por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
En diálogo con SEMANA, el abogado Santiago Trespalacios, apoderado del expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, detalló que lo que se presentó en este caso bien podría calificarse como un “vencimiento de términos”.
El jurista explicó que la Ley 600 fija unos lineamientos claros frente al tiempo en el que los procesados pueden estar privados de su libertad sin que inicie la etapa de juicio.
En el caso de los excongresistas, quienes fueron capturados el 7 de mayo de 2025, se superaron los términos establecidos.
Esto se debe a que durante un año no se pudo practicar una prueba clave solicitada por la Procuraduría General antes de comenzar la “audiencia pública de juzgamiento” contra Calle y Name.
“El Ministerio Público solicitó que se escuchara en interrogatorio al señor Carlos Ramón (González) que, como todos sabemos, no se encuentra en Colombia, sino que estaría asilado en otra república. Y con base en esto fue que se extendió el término de libertad por otros seis meses”, aseveró el penalista.
“Es decir, si no hubiera existido el testimonio pendiente del señor Carlos Ramón, esta libertad se habría presentado hace seis meses; sin embargo, la Corte consideró que debería prolongarse el término”, dijo.
Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, se encuentra desde hace más de dos años aislado en Nicaragua por el régimen de Daniel Ortega.
Su declaración se torna clave, puesto que, según la acusación, habría ordenado el pago de los sobornos a Name y Calle, quienes fungían como presidentes del Senado y la Cámara de Representantes.
Name y Calle se encuentran en etapa de juicio por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación agravado.
Los hechos se habrían presentado en el segundo semestre de 2023, cuando transcurría un debate clave en el Congreso frente a proyectos de reforma en los cuales el gobierno de Gustavo Petro tenía un especial interés.