Tras cuatro horas de sesión ininterrumpida, en la noche de este miércoles se levantó la sesión en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia frente a la ponencia que pide llamar a juicio a cinco congresistas y un excongresista que en 2023 hicieron parte de la Comisión de Crédito Público del Congreso.
Fuentes cercanas al alto tribunal le revelaron a SEMANA que la discusión estuvo marcada por fuertes posiciones ante los principales puntos de la ponencia firmada por el magistrado Misael Rodríguez: si los seis dirigentes políticos son llamados a juicio y si son cobijados con una medida de aseguramiento restrictiva de la libertad, se traduciría en una orden de captura inmediata.
Este jueves 5 de marzo los seis magistrados que conforman la Sala de Instrucción se reunirán nuevamente para tomar una decisión de fondo.
La decisión que se tome será trascendental, puesto que algunos de los congresistas mencionados en la ponencia están buscando una reelección el próximo 8 de marzo. Es el caso de Wadith Manzur, del Partido Conservador, que busca dar el salto de la Cámara de Representantes al Senado.
El dirigente político cordobés, y quien viene de una casta que ha estado durante años en el Congreso, fue mencionado varias veces por la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides Soto, como el “vocero” del grupo que pedía proyectos y contratos.
Manzur fue señalado además en aquella entrevista exclusiva que rindió a SEMANA en mayo de 2024 el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, en la que detalló la forma en cómo el representante conservador ejercía presiones para convocar sesiones y favorecer con su voto los proyectos en los que el Gobierno tenía interés.
La ponencia, en la que se describe detalladamente y punto por punto cuál habría sido el papel de cada uno de los congresistas y su rol a lo que la Corte Suprema califica como una verdadera “empresa criminal” que puso en riesgo la institucionalidad, advierte que los dirigentes políticos continuaron con sus actividades alejadas de sus funciones constitucionales, hecho por el cual advierte la necesidad de una medida de aseguramiento.
La lista de congresistas indagados la complementan Liliana Esther Bitar (Partido Liberal), Julián Peinado Ramírez (Partido Liberal), Karen Astrid Manrique (Curules de Paz), Juan Pablo Gallo (Partido Liberal) y el excongresista Juan Diego Muñoz (Alianza Verde).
En este grave escándalo de corrupción, que ha sacudido al Gobierno Petro, se encuentran privados de la libertad los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco.
Así como los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. Además de la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
Casualmente, este jueves comenzarán las audiencias preparatorias de juicio en el caso de Name y Calle.