SEMANA pudo establecer que este jueves 19 de febrero, el abogado Mauricio Pava renunció a representar al exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla González, procesado por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Fuentes cercanas revelaron que, antes de la entrega del poder, el penalista le manifestó al exministro de Hacienda que, palabras más, palabras menos, él se remitía a hacer defensas jurídicas y no políticas.
Bonilla se encuentra privado de su libertad desde el pasado 18 de diciembre, cuando la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá lo cobijó con medida de aseguramiento intramural. Esto pese a que la Fiscalía General solicitó una detención domiciliaria.
En esa oportunidad, y por cuestiones relacionadas con su edad, se ordenó su traslado al Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el norte de Bogotá, para que cumpla con la medida de aseguramiento.
Personas cercanas al caso señalaron que uno de los candidatos para asumir la nueva defensa del exministro es Alejandro Carranza, abogado personal del presidente Gustavo Petro y apoderado de su hijo Nicolás Petro Burgos.
Los cargos contra Bonilla
En diciembre pasado, en una extensa audiencia, la Fiscalía General le imputó los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.
En la imputación se señaló que en 2023, Ricardo Bonilla tuvo conocimiento preciso sobre la forma en cómo se iban a direccionar contratos que estaban en poder tanto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) como del Instituto Nacional de Vías (Invías).
Esto con el fin de favorecer a los congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y lograr así que, antes que finalizara el periodo legislativo, convocaran la votación de proyectos en los cuales el Gobierno tenía un especial interés.
El proceso contra el exministro Bonilla tiene como columna vertebral las pruebas y declaraciones que entregó la exasesora del Ministerio, María Alejandra Benavides, y que han sido reveladas por SEMANA.
“El ministro Bonilla le solicitó a Olmedo López tramitar en la UNGRD proyectos contractuales en los que los congresistas Wadith Alberto Manzur, Julián Peinado Ramírez, Karen Astrid Manrique Olarte, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Ester Vitar Castilla y Juan Pablo Gallo Maya se habían interesado ilícitamente”, señaló la fiscal del caso en la imputación.
“Desde mayo de 2023 hasta mediados de 2024, ustedes —en referencia a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco— se concertaron entre sí con personas conocidas y desconocidas para cometer delitos contra la administración pública con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias que le permitieran la aprobación de proyectos de ley del Gobierno y la tramitación exitosa de créditos de la Nación”, precisó la fiscal delegada.
En este sentido, señaló que para lograr esto se generó un “pacto criminal”, por medio del cual se “ofrecieron y acordaron ilícitamente con senadores y representantes direccionar contratos, proyectos o convenios que se adelantaban en el Invías o la UNGRD, a cambio de su concurrencia y votación en las sesiones”.