Los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional decidieron dejar la revisión del decreto de emergencia económica expedido por el Gobierno Petro para el próximo 10 de enero, fecha en que finaliza la vacancia judicial en Colombia.
Por más de cuatro horas, los magistrados estuvieron discutiendo si era prioritario citar una sesión extraordinaria en los próximos días, después de que el gobierno del presidente Gustavo Petro declaró ese estado de excepción.
Sin embargo, la conclusión de ese encuentro atípico es que el control de constitucionalidad sobre la emergencia y los decretos que salgan de ella se harán apenas se reanude la actividad judicial después de que finalice la vacancia judicial.
El Consejo Superior de la Judicatura informó hace algunos días que ese periodo de vacaciones para los funcionarios de la rama judicial inició el pasado 20 de diciembre e irá hasta el 10 de enero de 2026, tiempo en que los servidores están en vacaciones colectivas.
Hasta esa fecha es que el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, podrá agendar la revisión de ese decreto en el orden del día de la Sala Plena y se hace el respectivo reparto al magistrado que quedará a cargo de revisar esa resolución para expedir ponencia.
Desde la Corte Constitucional informaron que esa decisión se tomó después de la revisión de varios antecedentes que demostraron el trato que se les dio a decretos que llegaron a ese tribunal en medio de la vacancia judicial.
Uno de esos casos fue el del decreto 4975 de 2009 expedido el 23 de diciembre de 2009, en plena vacancia, y el cual fue remitido para su estudio hasta el 10 de enero de 2010, día en que regresaron de la vacancia judicial y se reactivó hasta el reparto de los procesos.
Desde la Corte explicaron que el decreto expedido por el gobierno Petro pasará por control automático de constitucionalidad, teniendo en cuenta que la Constitución regula los estados de excepción frente a perturbaciones o amenazas de alteración de orden público, político, económico, entre otros.
El gobierno confirmó a través del decreto de 20 páginas que las razones detrás de acudir a esa medida tienen relación con el deterioro del orden público, el reajuste de la UPC ordenado por la misma corte y la crisis fiscal por la que atraviesa el país.