Este miércoles 24 de junio, los nueve magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunirán para definir la suerte de la segunda emergencia económica que declaró el presidente Gustavo Petro para atender las emergencias que provocaron las inundaciones en Colombia.
El magistrado Miguel Polo Rosero, ponente del caso, ya presentó la ponencia que han venido analizando sus colegas de la Sala Plena, para que tomen una decisión de fondo sobre la viabilidad de ese decreto que expidió el Gobierno Petro, días después de que la Corte suspendió la primera emergencia económica que se expidió tras el hundimiento de la reforma tributaria.
Desde febrero de este año, el Gobierno expidió y puso en marcha esta emergencia económica tras las graves inundaciones que dejaron más de 200.000 personas afectadas en departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar y Magdalena.
Por su parte, la Contraloría le pidió al Gobierno nacional los soportes necesarios para justificar los 8 billones de pesos que pretendía recoger, para atender a las miles de personas que terminaron afectadas por la emergencia.
Esa petición llegó después de hacer serias advertencias frente a posibles vacíos en la estructuración, articulación y ejecución de los decretos que el Ejecutivo proyectó a partir de esa emergencia económica en el país.
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ha pedido a la Corte que avale el decreto, considerando que cumplió con varios requisitos por la situación extraordinaria que dejó miles de personas afectadas y más de 100 municipios esperando atención urgente.
#Economía | Así se repartirán los $8,6 billones de la emergencia económica. Ya fueron adicionados al Presupuesto 2026https://t.co/UmmsFi4kSY
— Revista Semana (@RevistaSemana) March 13, 2026
En un documento que llegó a la Corte Constitucional, el procurador Eljach aseguró: “Es claro que los hechos relacionados con las lluvias excepcionales propias del frente frío de principio de año, así como las múltiples inundaciones registradas, causaron efectos graves e inminentes en el orden económico, social y ecológico de los territorios objeto de la declaratoria”.
Estos conceptos de la Procuraduría y las advertencias hechas por la Contraloría también serán estudiados por los magistrados del alto tribunal, para tomar una decisión definitiva sobre la suerte que le depara a la segunda emergencia económica que decretó el Gobierno del presidente Gustavo Petro.