Un juez de conocimiento condenó a 40 años de prisión a un hombre encontrado responsable de abusar sexualmente de su propia hija, una adolescente de 13 años, en hechos ocurridos en el municipio de La Palma, Cundinamarca.
La decisión judicial se produjo luego de que la Fiscalía General de la Nación demostrara que la menor fue víctima de agresiones sexuales en tres oportunidades entre diciembre de 2024 y febrero de 2025.
De acuerdo con la investigación, adelantada por un fiscal de la Unidad Especial de Delitos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA), uno de los ataques ocurrió en una vivienda donde residía la abuela paterna de la víctima. Posteriormente, los abusos se repitieron en otras dos ocasiones cuando la adolescente quedaba bajo el cuidado de su padre.
Las autoridades establecieron que el hombre, de 37 años, aprovechaba su condición de progenitor para cometer los ataques y, además, intimidaba a la menor para impedir que contara lo sucedido a familiares o autoridades.
Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas testimoniales, periciales y técnicas que permitieron acreditar la responsabilidad del procesado en el delito de acceso carnal violento agravado.
Con base en ese material probatorio, el juez emitió una sentencia condenatoria de 40 años de prisión. El hombre permanece privado de la libertad desde julio de 2025 en un establecimiento carcelario.
Violencia sexual contra menores sigue siendo una preocupación
La condena se conoce en medio de las alarmantes cifras de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia. Según datos difundidos por el ICBF, entre enero y mayo de 2026 se registraron 3.773 menores de edad víctimas de violencia sexual en el país.
Las estadísticas muestran que las niñas y adolescentes continúan siendo las principales víctimas de este delito. Además, una proporción importante de los casos ocurre dentro del entorno familiar o involucra a personas cercanas a las víctimas.
Ante este panorama, las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier hecho de violencia sexual y a activar oportunamente las rutas de atención y protección para salvaguardar los derechos de menores de edad.