Una semana después de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la condena de diez años de prisión contra el exmagistrado Leonidas Bustos por el cartel de la toga, este jueves 22 de octubre, el Ministerio de Justicia y la Cancillería recibieron una nueva solicitud.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, se refirió a las condenas contra los exmagistrados Leónidas Bustos y Camilo Tarquino: “Participaron en una organización criminal”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/Cm5gk6VD1J
— Revista Semana (@RevistaSemana) October 19, 2026
En una misiva firmada por el presidente de la Sala Penal, la Corte le pide al Gobierno de Abelardo De La Espriella que realice todos los trámites necesarios para garantizar la extradición del exmagistrado, quien reside en Canadá desde 2019.
Esto, con el fin de que cumpla su sentencia en un centro carcelario, como lo señala el fallo.
Para ello, la Corte les pide al Ministerio de Justicia y a la Cancillería que se pongan en contacto con las autoridades canadienses para adelantar el trámite correspondiente.
Frente a esta petición, el ministro de Justicia, Iván Cancino, aseguró que está todo listo para comenzar con el protocolo que permita gestionar la extradición.
“El Ministerio de Justicia está presto a efectuar todos los trámites que se requieran y, obviamente, tengo claro que ya se activaron. Cuando le corresponda al Ministerio de Justicia, actuaremos de manera inmediata para lograr esa extradición, porque ya es una orden de la Corte Suprema de Justicia”, explicó el ministro ante los medios de comunicación.
Organización criminal
En el fallo que dejó en firme la condena contra el exmagistrado, se advierte que Leonidas Bustos lideró una “organización criminal” dirigida a afectar el normal desarrollo de la administración de justicia.
Bustos, uno de los magistrados con más poder en la Corte Suprema, habría utilizado sus influencias dentro del alto tribunal para contactar a un grupo de abogados con el fin de que se “vendieran” las decisiones judiciales relacionadas con los aforados constitucionales.
De esta forma, se logró frenar órdenes de captura, engavetar procesos y ponerle el freno a varios expedientes judiciales.
“La Corte condena y rechaza el contexto de corrupción judicial acaecido. Esta decisión y esta reflexión se erigen como un mensaje para el porvenir de toda la Rama Judicial: la imparcialidad, la transparencia, la autonomía y la ética judicial son valores innegociables. Por eso, se debe velar de forma mancomunada para que hechos como los aquí juzgados no vuelvan a ocurrir. Jamás”, reflexionó la Corte Suprema.
La actuación de Bustos, indicó el alto tribunal, afectó la imagen de la administración de justicia en Colombia.
“Sin duda, cuando la justicia se pervierte y se deja seducir por intereses ilegítimos, no solo falla el individuo que la representa, sino que se quiebra la imagen y la confianza institucional en una rama del poder público que, por esencia, es el sostén del Estado”, señaló el fallo.