SEMANA conoció en su totalidad una denuncia radicada ante el despacho de la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se pide investigar varias irregularidades que se habrían presentado en la planeación y puesta en marcha del proyecto de DAVIarena, en el municipio de Sabaneta, Antioquia.
Y es que para el proyecto de obra de construcción se habrían presentado movimientos irregulares dentro de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para facilitar la entrega de los terrenos que estaban bajo su administración desde el año 2009.
El trámite exprés e inusitado en la entrega del predio se presentó en el año 2020, cuando se registraron varios movimientos internos dentro de la SAE.
En ese momento, indica la denuncia, Andrés Alberto Ávila Ávila fue designado como presidente de la SAE. Teniendo en cuenta la declaración del empresario Diego Arango —quien era el propietario del predio en cuestión—, se presentaron varias reuniones y presiones que dejaron entrever el enorme interés que existía por el terreno.
“Según el señor Diego Arango, en abril de 2021 se reunió con el entonces alcalde Santiago Montoya Montoya, quien le habría dicho que la SAE le habría ofrecido el lote y el gerente regional de la SAE, Alejandro Henao, le habría dicho que lo iba a ‘sacar’ del inmueble”, cita la denuncia.
Coincidencialmente, en los meses posteriores se presentaron una serie de acciones judiciales y reclamos que llevaron a que el predio recobrara importancia comercial y aumentara considerablemente su valor catastral.
Todo esto llevó a que en marzo de 2022 se realizará la subasta del arrendamiento del inmueble. Proceso que tuvo varios interesados que pujaron con el fin de lograr su control.
La empresa CLK ganó la puja. “El 13 de julio de 2022 (…) la SAE suscribió con CLK el contrato 10777, por 120 meses, con un canon de $80 millones mensuales más IVA y una inversión de $60.000 millones, aunque en la subasta, cuyo canon base era de $69 millones, CLK había ofertado $120 millones mensuales y $37.000 millones de inversión. Mediante otrosí, el plazo se amplió a 30 años y la inversión a $85.801 millones, que revertiría al Estado al final del contrato”.
En agosto de 2022, ya en el gobierno de Gustavo Petro, se presentó un nuevo cambio en la SAE. Daniel Rojas Medellín fue designado como presidente de la entidad.
En abril de 2023, la empresa CLK presentó una solicitud de licencia para urbanizar el predio. Todo esto coincidió con la firma del alcalde de Sabaneta para expedir el Plan Parcial Ciudad Crystal en el área metropolitana del Valle de Aburrá.
Dos meses después, la licencia de urbanización ya estaba firmada. En cuestión de días —como resalta la denuncia—, se expidieron las resoluciones necesarias para la enajenación del inmueble por parte de la SAE y la autorización de la construcción.
Esto pese a que este tipo de trámites, por lo general, son demorados.
Para el 13 de septiembre de 2014, la Alcaldía de Sabaneta expidió la licencia de construcción de un escenario de eventos de uso dotacional con cinco niveles y 54.134 metros cuadrados.
“La licencia se expidió sin que se hubiera constituido e inscrito la urbanización, condición fijada en el artículo 9.° de la licencia de urbanización; difirió a la vigencia de la licencia de compensación 3.686,62 metros cuadrados de espacio público, no fijó aforo de diseño; se notificó únicamente a CLK y quedó en firme el 27 de septiembre de 2024 por renuncia de CLK a los términos”, resalta la denuncia.
Este no fue el único hecho llamativo.
Entre abril y julio de 2025, se emitieron actos de cancelación del embargo, lo que permitió la continuidad de la obra. Frente a esto, la Fiscalía informó que nunca había emitido orden ni autorización para la enajenación.
En esta parte de la denuncia, se pide a la Fiscalía General investigar a los exdirectores de la SAE, Daniel Rojas Medellín y Andrés Alberto Ávila Ávila, así como al exalcalde de Sabaneta, Alder Crus Ocampo, y al exsecretario de planeación, Javier Humberto Vega Meza. Mientras que a la Corte se le pide indagar al exalcalde de Sabaneta y actual congresista, Santiago Montoya Montoya.
“A la Red de Veedurías, se le ha puesto en conocimiento información que por su crucial importancia para este proceso, precisa ser investigada y confirmada”, precisa la acción judicial.
“(…) el entonces alcalde de Sabaneta y actual senador de la República, Santiago Montoya, habría recibido un inmueble en Estados Unidos, al parecer un apartamento en Miami por valor de U$380 mil, como pago por su intervención en este proceso”, añade.
Los hermanos Sarabia Torres
En la denuncia se reseña además la presunta participación y conocimiento de la excanciller Laura Sarabia Torres y su hermano, Andrés Felipe Sarabia Torres.
Esto debido a información conocida hace varios meses sobre la presunta influencia de Andrés Felipe Sarabia Torres en la SAE, utilizando una empresa en la que fungía como representante legal.
“En junio de 2024 se publicó que Andrés Felipe Sarabia Torres frecuentaba oficinas de Método y Derecho se reunió allí con terceros, y que identificó al señor (Andrés) Ávila como su abogado; se mencionaron conversaciones sobre gestiones ante entidades, entre ellas la SAE”, indica la denuncia.
Posteriormente, por información de prensa, se señala que Laura Sarabia asistió como directora del Departamento Administrativo de la Presidencia a la sesión de la Junta Directiva de la SAE el 16 de diciembre de 2024.
“Como es de público conocimiento, fue expulsada de la reunión por parte de la entonces presidenta de la SAE, Amelia Pére, al controvertirle la presencia como directora del Dapre, y su calidad de miembro independiente, donde Laura Sarabia ofreció adoptar un concepto jurídico que, hasta donde se sabe, no entregó a la SAE”, añade.
Por esto, se pidió investigar y revisar las actas y estatutos de la SAE y las actas de la mencionada reunión con el fin de establecer “en qué calidad” intervino Laura Sarabia y “si intervino en decisiones relativas a este inmueble”.
Por estos hechos, se pidió abrir una investigación por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción, tráfico de influencias de servidor público, cohecho emporio, daño en los recursos naturales y concierto para delinquir.