Defensa de Miguel Uribe Turbay rechazó las declaraciones del director de la UNP: “Constituyen una afectación grave a la dignidad”

No fueron bien recibidas las declaraciones que hizo este jueves 30 de abril el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, antes de rendir su interrogatorio por presuntamente omitir las solicitudes para aumentar el esquema seguridad del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

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Y es que, según Rodríguez, unas declaraciones dadas por el dirigente político de Centro Democrático llevaron al “debilitamiento y fraccionamiento” del esquema de seguridad que le había otorgado la UNP.

Para el apoderado de la familia Uribe Turbay, estas declaraciones son revictimizantes y no cuentan con ningún tipo de sustento o soporte jurídico.

“Este tipo de manifestaciones genera confusión en la opinión pública y, de manera aún más grave, implica una indebida atribución de responsabilidad hacia quien fue víctima de este magnicidio”, señaló el abogado Víctor Mosquera.

“El senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.) no tiene hoy la posibilidad de ejercer su defensa, precisamente, como consecuencia de las omisiones que están siendo objeto de análisis”, complementó.

Y es que, para el apoderado de la familia, no se puede perder de vista la decena de solicitudes elevadas en el primer semestre del 2025 para aumentar el esquema de seguridad de Uribe Turbay, quien ya había anunciado públicamente su precandidatura a la Presidencia.

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Las omisiones y la falta de una respuesta concreta por parte del organismo estatal pusieron al senador en un estado de vulnerabilidad, que permitió que se llevara a cabo el atentado sicarial en su contra cuando se encontraba en un evento político en el occidente de Bogotá.

“Resulta jurídicamente inaceptable que en un escenario procesal que exige rigor, objetividad y responsabilidad institucional, se emitan afirmaciones carentes de sustento fáctico y probatorio. Si las actuaciones de la UNP se hubiesen ejecutado con estricto apego a la ley, hoy el senador Miguel Uribe Turbay estaría con nosotros”, manifestó.

“Cabe preguntarse, con toda legitimidad: ¿el esquema de seguridad asignado contaba con la suficiencia necesaria para prevenir y repeler un ataque de esta naturaleza? La respuesta, a la luz de los hechos, es evidente”, se cuestionó el penalista.

Mosquera recordó que desde que se presentaron los trágicos hechos que acabaron con la vida del congresista, el director de la UNP ha cambiado considerablemente sus versiones sobre el esquema de seguridad que tenía el dirigente político y la evaluación de la situación de riesgo en la que se encontraba.

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“Debe recordarse que, en los días posteriores al atentado, el propio director de la UNP reconoció públicamente la insuficiencia del esquema de seguridad asignado. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, esta posición ha sido modificada, dando lugar a versiones contradictorias que hoy derivan en intentos de trasladar responsabilidades hacia otras instituciones, como la Policía Nacional, pese a que el mismo director ha manifestado no conocer la entrevista de evaluación de riesgo ni haber recibido traslado de la misma”, aseveró Mosquera.

Por esto, espera que la Fiscalía General cite en los próximos días a una audiencia de imputación de cargos para que el director de la UNP responda penalmente por estas omisiones.