Una fuerte revelación hizo la defensa del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López Martínez, en medio de una nueva solicitud para que se apruebe el preacuerdo que firmó con la Fiscalía General.
Defensa de Olmedo López asevera que fue atacado por “el expresidente de la República, el exdirector de la UNGRD y el exministro de Hacienda”, debido a las declaraciones que entregó ante la Fiscalía. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/wAaGre8s0t
— Revista Semana (@RevistaSemana) September 7, 2026
El abogado José Moreno Caballero aseguró que la colaboración de su defendido ha sido clave para destrabar varias líneas de investigación relacionadas con el direccionamiento de contratos dentro de la UNGRD.
De esta forma, se logró la vinculación de varios exministros de Estado y un grupo de congresistas y excongresistas, así como empresarios y contratistas.

El jurista indicó que la colaboración del exdirector de la UNGRD ha sido “inquebrantable” pese a las presiones que recibió de manera constante y de parte de personas poderosas para que dejara de declarar ante las autoridades.
“Él mismo ha relatado lo que significa pasar de una posición de poder dentro del Estado a vivir privado de la libertad, sometido a medidas especiales de seguridad y consistente en que parte de las personas respecto a las cuales aportó información tenían la capacidad para causarle daño”, señaló el defensor.

En ese punto, resaltó que estas amenazas afectaron su integridad y la calidad de vida de su familia.
“Y lo vemos cómo fue el ataque sistemático que el señor Olmedo López no solamente ha recibido por la prensa, sino por esos altos funcionarios que también lo atacaron frente a sus declaraciones, frente a su colaboración, entre ellos el expresidente de la República, entre ellos el exdirector de la Unidad de Gestión de Riesgo en su cuenta de Twitter, entre ellos el exministro de Hacienda”, dijo.
Pese a esto, continuó con la entrega de evidencias que hacían referencia a la forma en que se entregaron millonarios contratos de obra e interventoría, saltándose los principios básicos de la contratación pública.

Dichas declaraciones, insistió Moreno, han permitido que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia vincule a la investigación a los expresidentes del Senado y Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. También a varios congresistas que, para el año 2023, hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que habrían recibido contratos para aprobar proyectos en los que el Gobierno de turno tenía especial interés.

La lista la complementan los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del Interior, Luis Fernando Velasco, así como la exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz.
En el preacuerdo, Olmedo López aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación agravado.
Ya en dos ocasiones se ha rechazado la firma del preacuerdo por las fallas en el reintegro del dinero del que se apropió.
