Defensor pide respuestas sobre desaparición de migrantes que iban de San Andrés a Nicaragua: “Familias tienen derecho a saber qué sucedió”

“Las familias tienen derecho a saber qué sucedió”, es el llamado del defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, al Gobierno nacional para proporcionar una pronta respuesta a los familiares de 27 migrantes y dos tripulantes que desaparecieron el pasado 21 de octubre en una embarcación que había partido de la isla de San Andrés con destino a Nicaragua.

El llamado del defensor del Pueblo se basa en la preocupación ante la falta de información oficial después de más de seis semanas desde la desaparición de la embarcación. “Es preocupante que después de más de seis semanas las autoridades no entreguen un reporte que permita establecer cuál fue el destino de la embarcación, sus tripulantes y los migrantes que iban a bordo”, indicó Camargo.

Según se conoció, los migrantes llegaron a pagar entre 4.500 y 5.000 dólares para acceder a esta ruta ilegal, el viaje tendría una duración de 5 horas, no obstante, transcurrido el tiempo previsto, la embarcación tipo lancha identificada IAS II no habría llegado al destino señalado.

SEMANA conoció que familiares de varias de las personas que allí viajaban comentaron que, mediante publicidad que circula en las distintas redes sociales, conocieron la oferta de esos viajes y, a partir de allí, hicieron contacto con los promotores de dichas ofertas de viaje.

Otras personas contactaron directamente a los promotores, referidos por amigos o familiares que habían realizado esa travesía con anterioridad sin contratiempos. Algunos interesados adquirieron los “paquetes de viaje” con transporte y boletos aéreos desde Venezuela; otros se trasladaron por su cuenta a la isla y se acogieron a los paquetes de hospedaje, comida y el traslado en lancha.

El listado proporcionado por los familiares a la Defensoría del Pueblo reveló que entre los desaparecidos se encuentran nueve menores de edad, incluido un bebé de tres meses, así como un adulto mayor de 69 años. Ante la posibilidad de que el número de desaparecidos sea mayor ―ya que se habla de 38 personas―, el defensor del Pueblo solicitó la colaboración del Gobierno para coordinar esfuerzos con los países fronterizos en la búsqueda de las personas reportadas como desaparecidas.

La Defensoría del Pueblo ha emprendido diversas acciones desde que tuvo conocimiento de la situación, activando rutas para la ubicación y rescate del grupo de personas desaparecidas. De acuerdo con la entidad, ha realizado solicitudes al comandante de la Base Naval A.R.C. San Andrés para obtener información sobre las acciones emprendidas en la búsqueda. Además, ha brindado apoyo y acompañamiento a las familias de los migrantes desaparecidos que han solicitado ayuda.

Esta desafortunada situación se enmarca en un contexto más amplio de aumento de migrantes irregulares en la ruta San Andrés-Centroamérica, según las advertencias elevadas por la Defensoría del Pueblo. Durante los primeros diez meses del año, las autoridades rescataron a 392 personas, incluyendo 89 menores de edad. La entidad destacó la importancia de garantizar el derecho humano a migrar, brindando atención en salud, acceso a alimentación, agua potable y otros servicios esenciales a los migrantes.

El defensor del Pueblo, en su papel como presidente de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) ―que agremia a Defensorías de varios países―, ha reiterado en diversos escenarios la necesidad de promover una “migración segura, ordenada y regular”, en condiciones de “dignidad humana”.

“Continuamos con el deber de adelantar las acciones necesarias para haya más compromiso de los países del continente, con el propósito de hacerles frente a todas las problemáticas derivadas del fenómeno de la migración irregular”, añadió.