Defensoría alerta por incremento de desplazamiento forzado y confinamiento

En el primer semestre de 2021, entre el 1 de enero hasta el 30 de junio, 44.290 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado, junto con 36.101 que fueron confinadas, de acuerdo con el último informe de la Defensoría del Pueblo, que refleja un incremento alarmante de estos crímenes durante 2021. Por lo tanto, los eventos de desplazamiento se duplicaron en el país, generando un 256 por ciento de aumento en el porcentaje de víctimas.

La Defensoría del Pueblo ha registrado 102 eventos de desplazamiento forzado masivo, que afectaron a 15.349 familias del país. Además, se han registrado 68 eventos de confinamiento que afectaron a personas de 192 comunidades.

Aumento del 100 por ciento en eventos de desplazamiento y de 256 por ciento en el universo de personas afectadas. En 2020, enmarcaba un universo de más de 13 mil personas, frente al mismo período este año, que enmarca 44.290 personas.

Sólo en junio, se han presentado de 6 eventos de desplazamiento masivo, afectando a 1.729 personas de 643 familias que tuvieron que dejar sus hogares de residencia. Además, se encontró que 379 personas están en confinamiento, pertenecientes a 7 comunidades, que por amenazas no pudieron salir de sus territorios.

La mayoría de los eventos de desplazamiento se han presentado en Nariño, con 28 eventos y 5.707 familias afectadas, que representan a 14.708 personas. Le sigue el departamento del Valle del Cauca, en donde han ocurrido 25 eventos, con 2.968 familias afectadas, equivalentes a 9.189 personas. En el Cauca sucedieron 14 eventos, que afectaron a 1.846 familias, conformadas por 4.700 personas.

En cuanto al confinamiento, Chocó presentó 52 eventos, que afectaron a 89 comunidades y 3996 familias. Le sigue Nariño, con 7 eventos, 17 comunidades afectadas y 2.354 familias afectadas. En tercer lugar, está Antioquia, con 4 eventos, 29 comunidades afectadas y 754 familias victimizadas.

Los más afectados por el desplazamiento forzado son las comunidades étnicas, entre indígenas y afrodescendientes, con un equivalente al 59 por ciento. Las poblaciones no étnicas, es decir, campesinos, representan al 41 por ciento de las víctimas. Por otra parte, las comunidades étnicas representan el 98.5 por ciento de los casos de confinamiento.

Las principales causas para estos crímenes, son las amenazas, los homicidios, el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, la presencia de artefactos explosivos, las restricciones a la movilidad, el interés de los grupos armados por los cultivos ilícitos, enfrentamientos entregrupos armados ilegales y combates entre el Ejército nacional y grupos al margen de la ley.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, anunció un plan de seguimiento pormenorizado y con enfoque territorial y diferencial a las alertas tempranas que publica para distintas poblaciones su oficina.

“Hemos diseñado una estrategia en el territorio, que también es muy importante lograr el acompañamiento de ustedes para lograr ir a territorio y lograr visibilizar todas esas problemáticas que se presentan en los territorios. Es una estrategia ambiciosa que consiste en impulsar acciones de prevención y protección en nuestras distintas comunidades en zonas de alta vulnerabilidad y donde se presentan escenarios de riesgo sobre las distintas comunidades”, informó Camargo.

Además, el funcionario explicó que la Ruta de la Prevención buscará impulsar acciones para lograr que las autoridades cumplan con las medidas que les solicita la Defensoría del Pueblo en las alertas tempranas.

Por otra parte, anunció que la entidad estará escuchando a las comunidades, con base en un cronograma de presencia en el territorio. Entre el 28 y 30 de julio, la entidad estará en Tumaco, empezando el programa que buscará prevenir las conductas vulneratorias en contra de niños, niñas y adolescentes, así como excombatientes, migrantes, entre otras personas en riesgo. Posteriormente estará en otras zonas.

De una u otra forma, esta nueva iniciativa refleja que las entidades del Estado, tanto las autoridades locales, como los ministerios, las consejerías y más, no están respondiendo a los llamados de la Defensoría del Pueblo en las más de 200 alertas tempranas que se han emitido en los últimos cuatro años.