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Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el Congreso de la República.
Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en el Congreso de la República. | Foto: Defensoría del Pueblo

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Defensoría del Pueblo rechaza amenazas en contra de 200 familias firmantes del acuerdo de paz que viven en ETCR del Meta

Tras las amenazas de muerte, la Defensoría le solicita a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de esta población.

19 de marzo de 2023

La Defensoría del Pueblo ha expresado su rechazo hacia las amenazas que han sido dirigidas hacia los hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz y se han acogido al Espacio Territorial de Reincorporación (ETCR) Mariana Páez en el municipio de Mesetas, en el Meta.

Unas 200 familias, entre las que se encuentran 86 mujeres cabezas de hogar y 80 niños, incluyendo personas con discapacidad y adultos mayores, han sido amenazadas con la posibilidad de ser asesinadas si no abandonan la zona en el plazo de un mes.

La Defensoría del Pueblo considera que es “urgente que sean protegidos y se mantengan de forma segura con sus proyectos de vida en sociedad”.

ETCR Mariana Páez fue víctima de amenazas de muerte por parte de grupos al margen de la ley. Defensoría pide protección a la UNP | Foto: Mauricio Enriquez/ PNUD

Ante el comunicado en el que las personas reincorporadas denunciaron que debían “abandonar la tierra que nos acogió en la transición, nuestro Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, que cariñosamente llamamos Mariana Páez”, la Defensoría del Pueblo, a través de la Regional del Meta y la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, se encuentran en el territorio y buscarán la actuación de las autoridades, locales y nacionales, para la activación de los mecanismos de alerta y respuesta rápida.

De igual forma, la entidad ha ofrecido su apoyo para llevar a cabo las medidas necesarias para mitigar el riesgo que enfrentan estas personas y le ha solicitado a la Unidad Nacional de Protección que refuerce las medidas de protección de esta población, proporcionando los recursos necesarios para la implementación de medidas técnicas recomendadas y atendiendo la especial vulnerabilidad de los excombatientes, con un enfoque de género y diferencial.

Además, durante su intervención en la Asamblea Anual de la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (Ganhri) en Ginebra, Suiza, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, calificó las amenazas y acciones violentas en contra de las personas en proceso de reincorporación como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación”.

Defensor del Pueblo: “A los grupos armados ilegales se les está acabando el tiempo para acogerse a la propuesta de paz”
Desde Suiza, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, calificó las amenazas como “un ataque a la médula del proceso de paz y su implementación” | Foto: Defensoría del Pueblo

“El desplazamiento forzado de quienes viven en la ETCR causaría el abandono de los proyectos productivos que emprenden las y los firmantes desde hace seis años a través de formas asociativas, y les resta posibilidades en su proceso de reinserción social y normalización de sus economías”, asegura la Defensoría.

De igual forma, sostiene la entidad, los menores de edad se verían afectados, ya que tendrían que interrumpir su educación: “Mientras que para el colectivo en general, tendrían que enfrentar nuevamente la incertidumbre de tener que abandonar su hogar y, además, tendrían que lidiar con la estigmatización de ciertos grupos de la población que no confían en los términos del acuerdo de paz”.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a los actores del conflicto para que “respeten el propósito y objetivos de la ‘paz total’ y del acuerdo de paz, y que dejen a un lado la población civil, especialmente aquellas Personas en Proceso de Reincorporación”.

Defensoría sobre reclutamiento forzado

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo alertó que, desde marzo del 2020 hasta diciembre de 2022, se reportaron 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022, “lo cual permite corroborar que los menores de edad siguen siendo algunas de las principales víctimas de los grupos armados, como ha venido advirtiendo la Defensoría del Pueblo a través de sus alertas tempranas”.

Los departamentos donde más se han presentado casos son: Caquetá (37), Cauca (25), Arauca (16), Nariño y Putumayo (10 cada uno), Tolima y Antioquia (9 cada uno), Norte de Santander, Meta y Amazonas (5 en cada uno), Chocó (4) y Vaupés y Córdoba (3 cada uno).

Desde agosto, siete ciudadanos venezolanos han perdido la vida en diferentes masacres perpetradas por grupos guerrilleros.
Defensoría del Pueblo alertó que, desde marzo del 2020 hasta diciembre de 2022, se reportaron 155 casos de reclutamiento, 30 de ellos durante 2022 (Foto de referencia) | Foto: Archivo Semana

De acuerdo con la Defensoría, de las 34 alertas tempranas emitidas durante 2022, en 31 de ellas se advierten riegos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, principalmente en los departamentos de Cauca, Antioquia, Chocó, Nariño, Córdoba, Putumayo, Tolima, Valle del Cauca y Atlántico.

De igual forma, en las alertas emitidas también ha advertido riesgos de confinamiento de comunidades. Esto genera “afectación al derecho a la educación y la deserción escolar, aumentando el riesgo de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes”.