Defensoría emite alerta por confrontación entre ELN y disidencias de Farc en Arauca; secuestros y desplazamientos azotan a la población

Mediante la alerta temprana 011 de 2023 para los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena, Fortul y Tame, la Defensoría del Pueblo evidenció las “vulneraciones a la vida, la libertad, la integridad física de la población civil, la utilización de métodos para generar terror e intimidación, entre otras graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH)”, por parte de grupos armados ilegales.

El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, señaló que la situación compleja que enfrentan las comunidades en Arauca ha empeorado desde enero del 2022.

“En la Defensoría del Pueblo venimos evidenciando la compleja situación que viven las comunidades en Arauca y que se ha agudizado desde enero del año pasado por la confrontación armada y la disputa por el territorio entre el Eln y facciones disidentes de las Farc”, aseguró Camargo Assis.

Las organizaciones armadas, de acuerdo con la Defensoría, están amenazando, secuestrando, cometiendo homicidios selectivos, masacres, tomando rehenes, desplazando y confinando a la población, reclutando a niños y adolescentes, entre otras conductas graves que afectan especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, líderes sociales, migrantes y población víctima del conflicto armado.

El informe de la Defensoría del Pueblo también reveló amenazas a personas en proceso de reincorporación, extorsiones a comerciantes y la difusión de panfletos con señalamientos.

La situación en el departamento de Arauca se evidencia, principalmente, en el aumento de homicidios. Entre enero y noviembre de 2021, según cifras de la entidad, se registraron 145 asesinatos, mientras que en el mismo período de 2022 la cifra aumentó en un 103%, llegando a 294 casos.

Ante este panorama, Carlos Camargo Assis pidió al Gobierno nacional tomar acciones inmediatas.

“Estas comunidades están en constante peligro, por eso el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las demás instituciones del Estado deben avanzar en acciones inmediatas para superar los escenarios de riesgo que afrontan estas comunidades”, aseguró el defensor.

El informe de la Defensoría del Pueblo incluye recomendaciones a diversas entidades del Gobierno nacional para “la prevención y protección de las comunidades, el acompañamiento a las mismas y la implementación de planes, proyectos y acciones para abordar los factores de vulnerabilidad de los derechos de esta población”.

Alerta temprana por el Clan del Golfo

El temor se apodera cada vez más de los pobladores de La Esperanza, municipio de Norte de Santander, por cuenta de las amenazas provenientes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, conocidas también como Clan del Golfo.

A través de panfletos y audios enviados por redes sociales, el Clan del Golfo declaró a La Esperanza como “objetivo militar”. En los audios se menciona que llevarán a cabo una “limpieza social” contra consumidores de drogas y que asesinarán a aquellos que no cumplan con sus reglas.

El bloque Arístides Meza Páez del frente Edgar Madrid Benjumea señaló que extenderá su presencia desde Puerto Wilches, Barrancabermeja y Sabana de Torres, en Santander, a municipios como La Esperanza en Norte de Santander; y San Alberto y San Martín, en el departamento de Cesar.

Ante esta situación, Camargo Assis emitió la alerta temprana y solicitó al Ministerio del Interior que se proteja a los residentes en los sectores urbanos de La Feria I, Feria II, Santa Inés, San Antonio, Caño Hacienda y Tienda Nueva y en el corregimiento La Pedregosa.

“La situación es crítica y ya se han registrado graves hechos de violencia en esa población. El pasado 25 de enero, por ejemplo, fueron asesinados 5 jóvenes que, presuntamente, estaban consumiendo marihuana en un punto conocido como La Batea, en el barrio La Feria”, recordó Camargo.

Asimismo, se enviaron solicitudes a la Alcaldía de La Esperanza, a la Gobernación de Norte de Santander, a la Unidad para la Atención y Reparación Integral de Víctimas, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Personería, para que atiendan y acompañen a las víctimas, investiguen los casos, individualicen y judicialicen a los responsables de las amenazas y ataques. Además, para que hagan seguimiento a las acciones de las autoridades en la implementación de medidas de prevención y protección a favor de la población civil.